Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, destacó esta mañana la firmeza del Gobierno federal en la operación de seguridad en Sinaloa, desestimando alegaciones recientes en torno a Rubén Rocha Moya, exgobernador del estado. Durante una conferencia de prensa en Culiacán, afirmó que no existen evidencias que vinculen a Rocha Moya con el Cartel de Sinaloa, refutando afirmaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada.
Acompañado de otros secretarios de alto rango, incluido el de Defensa y la Marina, la visita de García Harfuch buscó mostrar apoyo a la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. Este encuentro se produjo en el marco de una creciente tensión en la región, donde la lucha entre facciones del cartel ha generado un clima de incertidumbre y riesgo.
Recientemente, tanto Rocha Moya como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, solicitaron licencias de sus cargos para “no entorpecer investigaciones” supuestamente iniciadas por la Fiscalía General. Consciente de las implicaciones de estas acciones, el gobierno federal ha reforzado las medidas de seguridad para Rocha Moya, otorgándole un pequeño grupo de escoltas de la Policía Estatal Preventiva, aunque García Harfuch aseguró que no existe información indicativa de un posible ataque.
Esta rueda de prensa fue la número 14 en un periodo de 20 meses que ha visto un auge en la violencia relacionada con el crimen organizado en Sinaloa. García Harfuch se comprometió a continuar trabajando para garantizar la seguridad de los sinaloenses, enfatizando que el Gobierno de México “no se va a retirar” en su labor.
La mandataria Claudia Sheinbaum ya ha instruido a su equipo de seguridad para que establezca un canal de comunicación claro con la nueva gobernadora interina, asegurando que se mantendrá un proceso de coordinación efectivo con el Gobierno federal. Este movimiento se produce en un momento crítico, tras las acusaciones de vínculos entre Rocha Moya y el narcotráfico que han sacudido el panorama político estatal.
A medida que los acontecimientos se desarrollan, el foco permanece en el potencial impacto de estas investigaciones sobre la estabilidad de Sinaloa y la respuesta del Gobierno federal ante una situación que, sin duda, continuará captando la atención nacional.
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