El reciente establecimiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México ha desencadenado transformaciones significativas en la dinámica del mercado móvil. Desde su implementación, se observan claros signos de desaceleración en el crecimiento del sector, lo que plantea serias preocupaciones sobre la viabilidad futura de este servicio esencial.
Desde el 9 de enero de 2026, cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha el registro obligatorio de líneas móviles, el impacto se ha sentido de inmediato. Con un plazo límite que se extiende hasta el 30 de junio de 2026, la presión sobre los usuarios para registrar sus líneas ha creado barreras operativas que afectan directamente la contratación de servicios. Hasta el 5 de mayo de 2026, alrededor de 30.2 millones de líneas han sido registradas, lo que corresponde a una fracción mínima del total estimado de entre 144.5 millones y 161 millones de líneas móviles activas en el país.
El efecto más pronunciado del registro se manifiesta en el segmento de prepago, que representa la mayor parte de las líneas móviles en México. Este modelo, que es especialmente sensible a cualquier fricción en el proceso de contratación, ha experimentado una pérdida de alrededor de un millón de líneas en los primeros meses de 2026, en gran parte atribuible a la obligación de registro. Los operadores de telecomunicaciones han informado caídas en nuevas adiciones de usuarios: Telcel perdió 1.2 millones de líneas, AT&T, 1.4 millones, y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) sufrieron su primera contracción desde 2019, con una disminución de 74,000 líneas.
A pesar de un descenso en la tasa de cancelación, o churn, que sugiere que la pérdida de líneas es más por falta de captación que por desconexiones reales, las cifras evidencian una contracción en el mercado. La combinación de un alto costo de acceso y restricciones adicionales ha desincentivado la activación de nuevas líneas, especialmente entre usuarios de bajos ingresos o aquellos que requieren servicios temporales.
Este panorama genera interrogantes sobre el futuro de la conectividad en México, especialmente para segmentos vulnerables de la población que podrían verse excluidos del acceso a servicios móviles debido a las exigencias del nuevo reglamento. La advertencia es clara: si el registro obligatorio no logra una participación adecuada, millones de líneas podrían ser suspendidas a partir del 1 de julio de 2026, lo que afectaría gravemente a diversos sectores de la sociedad.
Por otro lado, a medida que el mercado enfrenta estas regulaciones estrictas, es crucial que las autoridades consideren una estrategia más centrada en facilitar nuevas altas, en lugar de imponer un registro rígido. Reconocer la necesidad de equidad en el acceso y fomentar la competencia puede ser la clave para evitar efectos adversos en el sector.
Con el horizonte regulatorio claro pero desafiante, resulta evidente que el camino hacia un registro exitoso está plagado de obstáculos. Las cifras reportadas hasta la fecha indican que todavía queda un largo trecho por recorrer para cumplir con los objetivos planteados. La expectativa está en si la CRT tomará acciones proactivas ante la posible cancelación de millones de líneas en un contexto donde la necesidad de conectividad es más vital que nunca.
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