La situación de la prensa en México se ha tornado cada vez más alarmante, según el informe anual de 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un país que se posiciona como el más letal de la región, se evidencian entornos hostiles marcados por un incremento en la violencia contra los periodistas. Desde el año 2000, más de 150 comunicadores han sido asesinados, mientras que más de 25 han desaparecido, consolidando a México como un territorio de alto riesgo para el ejercicio periodístico.
Las cifras de 2025 son particularmente preocupantes. Se registraron 11 asesinatos de periodistas, una cifra que contrasta dramáticamente con los 4 sucesos similares ocurridos en Perú y Ecuador, y aún más bajos en otros países como Brasil y Colombia. Este año ha visto una profundización de la violencia y un deterioro de las condiciones de seguridad, superando los índices de 2023 y 2024. Lo más alarmante es que varios de los periodistas asesinados estaban bajo medidas de protección del gobierno, lo que resalta las deficiencias en el sistema de prevención y protección diseñado para salvaguardar a quienes se dedican a informar.
La CIDH también señala el nivel crítico de impunidad en estos casos. Entre 2010 y 2024, un asombroso 84.77% de los casos de violencia contra la prensa permanece sin resolver. Si se consideran exclusivamente aquellos que han llegado a sentencias, la cifra se eleva a un abrumador 98.27%. Esta impunidad no solo pone en riesgo a los periodistas, sino que también permite que la violencia continúe sin repercusiones.
Otro aspecto señalado en el informe es la creciente estigmatización de los periodistas por parte de las autoridades. Se ha advertido sobre un patrón de procesos judiciales y administrativos utilizados supuestamente para silenciar a periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y académicos. Estas prácticas, bajo el disfraz de protección contra la violencia política de género, desvirtúan la función de los mecanismos destinados a salvaguardar los derechos de las mujeres, erosionando la confianza en las instituciones que deberían proteger y sancionar la violencia de género.
Además, el mal uso de estos mecanismos compromete la protección de mujeres en el ámbito periodístico y activista, lo que es inaceptable. La Oficina de la Relatoría Especial ha destacado que esta dinámica no solo debilita las denuncias legítimas de violencia, sino que también impacta negativamente en la confianza hacia las instituciones involucradas en la defensa de derechos humanos.
Así, México continúa enfrentando un grave desafío en materia de libertad de expresión y protección a periodistas. La urgencia de mejorar las condiciones de seguridad y de justicia es innegable. La cifra de asesinatos no solo representa vidas perdidas; refleja un entorno que busca silenciar voces esenciales para la democracia y el derecho a la información. La comunidad internacional y el mismo Estado deben actuar con determinación para revertir esta tendencia y garantizar un espacio seguro para el ejercicio del periodismo.
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