La guerra deja cicatrices que perduran mucho después de que se apagan los combates. La situación actual de la protección del patrimonio cultural en tiempos de conflicto se encuentra marcada por la dificultad de salvaguardar sitios de gran valor, a pesar de las normativas internacionales que intentan prohibir su ataque y el saqueo. Entre ellas, la Convención de La Haya de 1954, que busca proteger propiedades culturales durante conflictos armados, presenta una carencia notable: una excepción que permite ataques en nombre de la “necesidad militar”. A pesar de los esfuerzos por otorgar inmunidad total a estos bienes, los resultados han sido variados.
Un problema persistente, y que levanta preocupaciones a nivel global, es el de los bienes muebles extraídos de zonas de conflicto, conocidos como “botín de guerra”. Esta cuestión fue abordada por un protocolo de la mencionada Convención de 1954, que responsabiliza a los países firmantes para prevenir el robo y el saqueo de propiedad cultural, así como para frenar la exportación ilícita de tales materiales. Alrededor de 110 países han suscrito este protocolo, y muchos cuentan con leyes específicas que prohíben la importación o el comercio de objetos provenientes de zonas de guerra. Países clave como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos han adoptado medidas en este sentido, aunque la situación en Estados Unidos es más compleja, dado que no ha ratificado el protocolo, aunque sus leyes sobre propiedad cultural ofrecen cierto nivel de protección.
El protocolo, sin embargo, se encuentra limitado a situaciones de ocupación, dejando desprotegido el mayor riesgo de saqueo durante el caos de la guerra no formalmente ocupada. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU establecen restricciones específicas sobre la propiedad cultural ilegalmente removida de Irak y Siria, un reflejo de la devastación que esos países han sufrido. Lamentablemente, no se ha logrado un consenso similar para otras naciones como Afganistán, Libia, Ucrania, Líbano, Yemen, Sudán e Irán, lo que complica aún más la situación.
Los expertos advierten que suele haber un intervalo de varios años entre el estallido de un conflicto y la entrada de objetos saqueados en el mercado del arte. Esta demoras se debe a las múltiples transacciones por las que suelen pasar, y a que la vigilancia sobre conflictos tiende a disminuir con el tiempo, permitiendo que actores interesados se aprovechen de la situación.
La regulación de la Unión Europea de 2019 sobre la importación de bienes culturales, aunque criticada en ocasiones, establece ciertos controles y una prohibición general sobre la introducción de objetos sustraídos ilegalmente a su lugar de origen. Su finalidad inicial era frenar la financiación del terrorismo a través de la venta de antigüedades provenientes de zonas de conflicto, en respuesta a las abominables acciones de Isis en Irak y Siria. A pesar de la evolución de su alcance más allá de las antigüedades en conflicto, su presencia es una victoria en la lucha por restringir la entrada de bienes culturales de zonas afectadas por la guerra al mercado de arte europeo.
El comercio y la compra de arte hoy requieren una diligencia rigurosa. Los interesados deben ser conscientes del riesgo de adquirir bienes de conflicto. Herramientas como el Art Loss Register permiten verificar si una obra ha sido reportada como robada, impulsando la responsabilidad en el mercado. Sin embargo, sigue siendo complicado identificar la procedencia de antigüedades recién excavadas, aunque la Icom ha publicado más de 20 listas rojas sobre países y regiones propensas al saqueo.
Afrontar la adquisición de piezas culturales en la actual geopolítica exige un compromiso moral de verificar la procedencia de los artículos, un deber que va más allá de las obligaciones legales que pudieran existir. La guerra y su legado son temas complejos que requieren atención y acción continua para salvaguardar nuestra herencia cultural para las generaciones futuras.
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