Un exdirectivo del INE revela narcopolítica.

En el ámbito electoral de México, el panorama ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, especialmente en lo que respecta a la influencia del crimen organizado. Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral y del INE, recuerda que en las elecciones intermedias de 2009 había una relativa calma; los grupos criminales podían estar presentes, pero generalmente se limitaban a buscar cooptar a las autoridades electas y no interferían directamente en el proceso electoral.

Sin embargo, una clara transformación se hizo evidente durante las elecciones de 2021, particularmente en estados como Michoacán y Sinaloa. En estos lugares, la situación se tornó más grave, con el crimen organizado tomando acciones más agresivas. Según Jacobo, en Sinaloa, Morena, el partido en el poder, se benefició de la intervención del crimen organizado, que secuestró a funcionarios clave de la oposición días antes de las elecciones, desestabilizando así su capacidad operativa.

Este episodio se agrava con las acusaciones provenientes de Estados Unidos, que han señalado a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Esto revela una compleja red de interacciones entre la política y el crimen que invita a la reflexión sobre el futuro de la democracia en el país. Jacobo enfatiza que, a pesar de que algunos ciudadanos se animaron a acercarse y compartir sus experiencias, pocos dieron el paso para formalizar denuncias, dejando a las elecciones de 2021 sin un litigio que pudiera validarlas de manera efectiva.

El exmiembro del INE destaca cómo los carteles han desarrollado una ingeniería electoral que les permite influir en los resultados. Argumenta que esta creciente intromisión del crimen organizado en la política no puede entenderse sin la complicidad de las autoridades responsables de garantizar la seguridad. En algunas regiones, incluso parece que el crimen organizado ha instaurado sus propios programas sociales, lo que resalta un fenómeno inquietante que plantea serias preguntas sobre la integridad del sistema democrático.

Este contexto, donde la delgada línea entre el estado y el crimen se desdibuja, exige una profunda reflexión sobre el estado actual y el futuro de las instituciones electorales en México. Con el avance de las elecciones y los desafíos constantes, es fundamental que se fortalezcan las herramientas de defensa de la democracia para asegurar que el deseo del pueblo por un gobierno justo y representativo no sea cooptado por intereses ajenos a su bienestar.

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