La reciente implementación de la certificación laboral para la agroexportación en México marca un nuevo capítulo en la industria, un sector clave que representa el 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este avance, formalizado el 1 de mayo de 2026, busca no solo garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y el acceso a la seguridad social de los trabajadores, sino también prevenir quejas ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ahora tiene la facultad de verificar que las empresas agroindustriales cumplan con sus obligaciones laborales. Esta certificación actúa como un filtro preventivo. Al ser un mecanismo auditable, asegura que los trabajadores posean contratos y acceso a la seguridad social, reduciendo así las posibilidades de activación del MLRR.
El panorama laboral en el sector agroindustrial presenta un reto significativo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 83.3% de las más de 2.7 millones de personas que trabajan en el campo se encuentran en la informalidad. Esta alta tasa de trabajo informal no solo niega derechos fundamentales a los trabajadores, sino que también expone a las empresas a riesgos comerciales, incluidos posibles reclamos bajo el MLRR por violaciones a la libre asociación y negociación colectiva.
La agroindustria tiene un papel crucial en la exportación mexicana, con productos emblemáticos como el aguacate, cuyos envíos a Estados Unidos alcanzan más de 3,500 millones de dólares anuales y generan más de 300,000 empleos. Esta dependencia refuerza la importancia de regular adecuadamente el trabajo en el campo. Según Pedro Estévez, maestro en derecho laboral, la nueva certificación no solo debería evitar el trabajo forzoso e infantil, sino que también garantizará que no haya violaciones a las leyes laborales del país durante el proceso productivo.
El Capítulo 23 del T-MEC exige el respeto a los derechos laborales, un aspecto que se vuelve crítico en un contexto donde muchas empresas operan en condiciones informales. Sin la documentación necesaria, resulta complicado cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo comercial.
La implementación de esta certificación en la agroexportación servirá como un escudo preventivo, brindando certeza jurídica y validando que los patrones cumplen con sus obligaciones laborales. De no contar con este certificado, las empresas se arriesgan a enfrentar sanciones comerciales y perder el acceso a los beneficios del T-MEC.
Las empresas deben asegurar que sus trabajadores estén inscritos al seguro social, cuenten con contratos por escrito y que no empleen a menores de edad. Además, en el caso de jornaleros, deberán proporcionar viviendas dignas y servicios básicos. A pesar de que la certificación laboral ya está en vigor, la STPS tiene hasta junio de 2026 para publicar las reglas de operación.
Desde la introducción del MLRR, se han activado 46 veces, evidenciando problemas tales como injerencia patronal y violaciones a los contratos colectivos de trabajo dentro de diversas industrias. Esta nueva medida podría ser un paso decisivo para transformar la cara del trabajo en el campo, asegurando no solo los derechos de los trabajadores, sino también la sostenibilidad del sector agroexportador frente a la creciente exigencia de nuestros socios comerciales.
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