La política costarricense ha entrado en una nueva fase con la reciente asunción de Laura Fernández como presidenta del país, en un contexto que permite vislumbrar cambios significativos para la nación. Fernández, quien tomó posesión el 8 de mayo de 2026 tras ganar las elecciones del 1 de febrero, llega al poder con una propuesta centrada en un enfoque firme contra el narcotráfico y una concentración de poderes que recuerda la era de su mentor, el saliente presidente Rodrigo Chaves.
En un acto de juramentación celebrado en el Estadio Nacional de San José, Fernández se comprometió a gobernar por un periodo de cuatro años, marcando un hito histórico como la primera mujer en asumir el cargo de presidenta en un país que ha sido considerado durante mucho tiempo un bastión de seguridad y democracia en América Latina. Con 39 años, Fernández, exministra de la Presidencia de Chaves, se enfrenta a retos significativos en un país que sufre un alarmante aumento de la violencia relacionada con las drogas.
Uno de los aspectos más destacados de su gobierno es el nombramiento de Chaves como “superministro”, una figura que, según críticos y analistas, podría generar una concentración de poder desigual, similar a la de otros líderes en la región como el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Fernández promete reformar el Estado, incluida una revisión del poder judicial, que, según ella, ha fracasado en abordar la inseguridad y en proteger a las élites tradicionales.
Durante su investidura, Fernández expresó la necesidad de que los ciudadanos se sientan seguros al caminar por sus calles, citando a una ama de casa que anhela vivir sin temor a la violencia. Su propuesta incluye la creación de una cárceles inspiradas en los modelos extremos de control de criminalidad utilizados en otros países de la región. Esta dirección ha suscitado preocupación entre los opositores, que advierten sobre las “tentaciones autoritarias” que pueden surgir de una gobernanza concentrada.
Con 31 de 57 diputados apoyando su agenda, Fernández tiene una mayoría que le permitirá buscar aliados para implementar sus reformas. Sin embargo, analistas como el politólogo argentino Daniel Zovatto advierten que este nuevo marco político podría resultar en una hegemonía que derogue los sistemas democráticos tradicionales.
En esta nueva era, Costa Rica también ha adoptado una posición más conservadora en el ámbito internacional, cerrando su embajada en Cuba y reforzando su participación en iniciativas antidrogas lideradas por Estados Unidos, lo que ha llevado a críticas sobre el debilitamiento de sus derechos humanos y la libertad de prensa. Algunos analistas como Constantino Urcuyo sostienen que, a pesar de los signos de autoritarismo, el país aún cuenta con instituciones robustas capaces de resistir cambios drásticos.
Laura Fernández, cuyas ideas y políticas reflejan una mezcla de liberalismo económico y conservadurismo social, se plantea como una figura carismática, buscando equilibrar su identidad política con las realidades sociales del país. Con la pobreza disminuyendo, pero la desigualdad aún persistiendo, su administración enfrentará el desafío de abordar estos problemas mientras navega por un mar político cada vez más turbulento.
A medida que avanza su gobierno, la atención estará centrada en cómo equilibrará el legado de su mentor, las expectativas de la población y un contexto regional que demanda respuestas firmes a problemáticas de seguridad y justicia. El camino que elija Fernández podría definir no solo su presidencia, sino el futuro de la democracia en Costa Rica en los años venideros.
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