Esta semana, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) ha generado controversia al presentar un recurso de revisión en un juicio de amparo promovido por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor. En este contexto, el SPR realizó acusaciones serias contra el Juez de Distrito, al calificar su actuación como “intelectualmente deshonesta” y afirmar que ha creado una “narrativa alterna” que pone en duda la veracidad de la información periodística.
Estas declaraciones reflejan una confusión preocupante sobre las funciones del SPR, que debería actuar como un medio público, y sus límites en un Estado de Derecho. El organismo, encabezado por Jenaro Villamil, parece convencido de que su papel incluye juzgar la verdad de las afirmaciones periodísticas. No obstante, esta visión contradice la función esencial de la libertad de expresión, transformando la misión del SPR en una aparente monopolización de la verdad.
Según la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR tiene la obligación de difundir información veraz, pero no está facultado para evaluar la veracidad de la información publicada por otros medios o periodistas. Además, atacar la reputación de estos profesionales utilizando recursos públicos se encuentra en detrimento del principio de legalidad consagrado en la Constitución.
En este marco, sorprende que el SPR no haya moderado sus acciones, que parecen no solo excesivas, sino también arbitrarias. En lo que va del año 2026, el SPR ha ejecutado al menos cinco contrataciones públicas para proyectos que buscan combatir la desinformación en medios de comunicación. Estos proyectos incluyen servicios de verificación de noticias falsas y elaboración de desmentidos a ser difundidos en redes sociales.
Los contratos, que suman importantes montos, fueron otorgados mediante un proceso de adjudicación directa, justificando que la determinación de la “verdad última” es una actividad que no necesita licitación. Estos desarrollos plantean un grave cuestionamiento sobre la constitucionalidad de esta política, que no solo podría ser considerada como un ataque a la libertad de expresión, sino que además se financia con recursos del Estado.
Así, el SPR se encuentra en una encrucijada crítica, donde sus acciones podrían estar desdibujando los límites entre la promoción de información veraz y la coacción sobre los medios de comunicación, lo que podría tener repercusiones significativas para el periodismo y la sociedad.
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