La supervisión del cumplimiento de la normatividad en competencia económica es un tema crucial que recae en el consejo de administración de las empresas. Este deber no solo forma parte de la gestión de riesgos, control interno y ética, sino que se ha vuelto indispensable en un entorno empresarial cada vez más dinámico y regulado. La responsabilidad del consejo va más allá de las decisiones corporativas; su función es garantizar que la organización actúe dentro del marco legal, conocidas son las consecuencias del incumplimiento que pueden incluir sanciones monetarias, medidas correctivas e incluso repercusiones penales para altos directivos y consejeros.
Para abordar estos desafíos, es fundamental que los consejeros se familiaricen con los procedimientos y normas relacionados con la competencia económica. Conocer estas directrices permite a las empresas prevenir riesgos que podrían afectar su reputación y sostenibilidad. Los modernos códigos de buenas prácticas en gobierno corporativo enfatizan la necesidad de que el consejo ejerza una supervisión activa, abarcando decisiones críticas como la fijación de precios, acuerdos de exclusividad y fusiones. Estas decisiones pueden acarrear riesgos que trascienden el ámbito legal y afectan directamente la salud económica y reputacional de la empresa.
Aunque el consejo no es el encargado directo de implementar programas de cumplimiento, sí tiene la responsabilidad de asegurar su existencia y efectividad. Organizaciones como la OCDE y la ICC subrayan que el consejo debe recibir informes regulares sobre el funcionamiento de estos programas, lo que refleja la importancia de una gestión integral del cumplimiento que no se limite al departamento jurídico.
Dentro de las tareas que debe impulsar el consejo, se destacan varias acciones clave. En primer lugar, establecer un firme compromiso con una cultura del cumplimiento en toda la organización es esencial. Esto significa que todos los niveles de la empresa deben estar alineados y priorizar el cumplimiento normativo y ético.
En segundo lugar, la identificación y priorización de riesgos es fundamental para que la empresa conozca los posibles peligros y actúe proactivamente con medidas de mitigación. Un programa robusto debe incluir la designación de un responsable, una evaluación continua de riesgos y capacitaciones que fortalezcan la integridad de la empresa.
Adicionalmente, es crucial contar con canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de quienes reportan conductas ilícitas. Estos canales deben operar de forma independiente y asegurar que los empleados no enfrenten represalias por sus reportes.
La capacitación de directivos y áreas expuestas a riesgos asociados con la competencia también es primordial. Aunque no es necesario que todos dominen en detalle la ley, deben comprender los principios fundamentales que les permitan identificar riesgos y saber cuándo buscar asesoría especializada.
Por último, se recomienda una revisión externa del sistema de cumplimiento, llevada a cabo por un profesional independiente que aporte una perspectiva objetiva y accesible a la documentación relevante. Además, vincular los principios de competencia con la estrategia de negocios asegura que consideraciones legales y normativas sean parte integral de las decisiones comerciales.
El cumplimiento de la normativa en materia de competencia económica no solo mitiga riesgos legales, sino que preserva activos intangibles esenciales como la reputación, el acceso a mercados y la sostenibilidad operativa. Al final, para el consejo de administración, supervisar estos riesgos es crucial para garantizar la integridad y competitividad de la empresa en un panorama empresarial en constante evolución.
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