El fortalecimiento de la coordinación institucional y el intercambio de experiencias en los mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos familiares fueron el eje central de un reciente conversatorio llevado a cabo en Morelia. Este encuentro reunió a juezas y jueces familiares de la región con los integrantes del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa (CEJAR), incluyendo a su directora, Brenda Mariana Jiménez Castillo.
Durante la reunión, se abordaron y analizaron asuntos cruciales en materia familiar, destacando que más del 70% de los casos que ingresan al CEJAR corresponden a este ámbito. Asistieron también figuras relevantes como Omar Alexandro Negrón Villafán, miembro del Órgano de Administración Judicial, así como magistradas reconocidas como María del Carmen Ramírez Chora y Lucía Baltazar Rendón, junto a Elia Deyanira Chávez Gutiérrez, coordinadora de gestión del sistema de justicia oral civil, familiar y mercantil.
Fabiola Rangel Martínez, facilitadora y coordinadora regional del CEJAR, presentó cifras significativas sobre los casos judicializados y no judicializados que entran al Centro. En 2025, se registraron mil 663 casos judicializados y mil 281 no judicializados en materia familiar. En lo que va de 2026, hasta el 18 de mayo, se han recibido 459 asuntos judicializados y 559 no judicializados. Estas estadísticas resaltan la alta demanda de servicios en este sector, subrayando la necesidad de un trabajo coordinado eficiente.
Además, Rangel explicó el proceso que sigue el CEJAR, desde la apertura de un caso hasta la firma de un convenio. Este enfoque no solo busca resolver los conflictos, sino también aliviar la carga en los juzgados, promoviendo acuerdos entre las partes involucradas.
El intercambio de ideas y preocupaciones por parte de los jueces sobre la operativa de estos mecanismos permitió una valiosa discusión sobre casos específicos, fomentando un espacio propicio para el aprendizaje y el análisis conjunto.
Con actividades como esta, el Poder Judicial de Michoacán evidencia su compromiso por reforzar la comunicación entre las áreas jurisdiccionales y los mecanismos alternativos de solución de controversias, priorizando siempre el diálogo como herramienta esencial en la resolución de conflictos familiares.
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