Los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) han intensificado sus protestas en la Ciudad de México en un momento crítico, dado que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se aproxima. Su amenaza de boicotear el evento no pasa desapercibida en un contexto donde las demandas laborales y los derechos de los trabajadores se entrelazan con eventos de gran magnitud internacional.
Una de las piedras angulares de su protesta es la abrogación de la reforma pensionaria de 2007 del ISSSTE, que transformó el sistema de pensiones de un modelo solidario a uno de capitalización individual mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). En el modelo solidario, las pensiones de los jubilados eran cubiertas por los trabajadores en activo, pero esta estructura fue considerada insostenible para las finanzas públicas, lo que llevó a la implementación del nuevo sistema, un cambio que se había comenzado a gestar desde 1997 para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ante esta situación, surge la pregunta: ¿sería posible regresar al sistema pensionario anterior? Expertos en la materia han afirmado que retomar el modelo solidario sería inviable e injusto, dado el actual panorama demográfico del país. Las cifras son contundentes: en 1959, existían 20 trabajadores activos por cada jubilado; para 2006, esa proporción había disminuido a 5.3, y en la actualidad, hay menos de un trabajador por jubilado. Si se revirtiera a un sistema solidario, el financiamiento de las pensiones recaería sobre todos los contribuyentes, generando un costo aún mayor para los mexicanos.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, enfatiza que simplemente derogar la ley del ISSSTE de 2007 sería injusto. Esto generaría un doble estándar entre trabajadores estatales y los cotizantes al IMSS, quienes continuarían en el sistema de Afores. Esta disparidad afectaría también a las generaciones futuras, que tendrían que asumir la carga de un pasivo pensionario en constante crecimiento.
Un dato reciente indica que, entre enero y abril de 2026, el gasto federal en pensiones contributivas alcanzó un récord de 559,750 millones de pesos, equivalentes al 25.4% del gasto programable total. Las pensiones de quienes se jubilaban antes de las reformas de 2007 representan una carga significativa para las arcas del gobierno, lo que complica aún más la viabilidad de un retorno al sistema anterior.
El año pasado, la CNTE también realizó protestas en la Ciudad de México con la demanda de revertir la reforma de 2007. Aunque el gobierno no accedió a esta solicitud, la protesta se dio por concluida cuando se acordó una reducción progresiva en la edad de jubilación para los trabajadores estatales, a partir de 2028. Este antecedente sugiere que, en un futuro cercano, es posible que las actuales movilizaciones terminen con un acuerdo similar, donde se logren concesiones que apacigüen las tensiones sin modificar radicalmente el marco legislativo vigente.
El contexto de estas demandas revela una lucha constante y compleja por los derechos laborales en un país donde el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la justicia social continúa siendo un reto apremiante. La intersección entre eventos internacionales y las reivindicaciones de los trabajadores podría representar un punto de inflexión en la historia del sistema de pensiones en México.
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