La reciente discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el 8 de junio de 2026, destaca un tema crucial para el futuro del trabajo: la adopción de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el empleo. Durante este evento, la delegación del gobierno de México hizo énfasis en que el rumbo de la transición tecnológica está determinado por decisiones políticas, más que por la tecnología en sí.
El secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Marath Bolaños, subrayó la importancia de establecer políticas públicas eficaces que guíen el uso de la IA. Afirmó que las instituciones laborales y el diálogo social son instrumentos fundamentales para evitar visiones limitadas que se enfoquen únicamente en la sustitución de la mano de obra o en la debilidad de los derechos laborales. Esta declaración resuena con la creciente preocupación en diversos sectores sobre cómo la automatización puede afectar la estabilidad del empleo.
Desde la perspectiva del gobierno mexicano, la gobernanza de las tecnologías emergentes debe ser institucional. Se busca mitigar el riesgo de agravar las desigualdades en el mercado laboral. En este sentido, la tecnología debería ser vista como una herramienta para aumentar la productividad y potenciar las capacidades humanas, siempre manteniendo la regulación normativa como un eje fundamental.
A nivel local, la representación de México resaltó varias iniciativas implementadas en la administración pública federal. Entre ellas se encuentran la modernización de la inspección laboral, que se beneficia de sistemas integrados de datos e inteligencia artificial, así como el desarrollo de plataformas digitales que facilitan la conexión entre empresas y buscadores de empleo de manera gratuita. Estos esfuerzos son reflejo de una tendencia más amplia hacia la digitalización en la gestión del empleo.
Además, se presentó una reforma legal en materia de trabajo en plataformas digitales, que reconoce derechos laborales específicos y regula el uso de algoritmos, garantizando el acceso a la seguridad social para aproximadamente 1.5 millones de trabajadores en el país. Esta reforma es un paso significativo en la regulación de un sector en crecimiento y típicamente vulnerable.
Finalmente, México reafirmó su compromiso con el diálogo social y el modelo tripartito como plataformas que permitirán abordar los cambios normativos necesarios para adaptarse a un entorno laboral global en constante evolución, marcado por el avance de la digitalización.
En conclusión, mientras el debate sobre la inteligencia artificial y el trabajo decente se intensifica, las decisiones políticas y la construcción de un marco regulatorio sólido serán clave para determinar cómo la tecnología puede utilizarse para el beneficio de todos. La postura del gobierno mexicano pone de relieve una visión proactiva que busca no solo adaptarse a los cambios, sino también liderar en la creación de un futuro laboral más equitativo y humano.
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