En las últimas décadas, la dinámica entre trabajadores activos y pensionados en instituciones como el IMSS y el ISSSTE ha experimentado un cambio notable y preocupante. Si en 1998 la relación era de 6.6 trabajadores por cada pensionado, para el año 2025 se proyecta que esta cifra se reduzca a 4 a 1. De manera similar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra una tendencia al descenso: de 3.7 empleados activos por pensionado en 2003 a solo 1.8 en 2025. Estos datos destacan una realidad alarmante: cada vez menos trabajadores son responsables de sostener a una creciente población de jubilados.
Jorge Fonseca, director general de la firma de servicios actuariales y financieros FACTS, advierte sobre el desequilibrio que está surgiendo. Este fenómeno, que no se había observado en las últimas dos o tres décadas, es impulsado por factores como la disminución de la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida. A medida que la población envejece, la carga que recae sobre los trabajadores se vuelve más pesada, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
Francisco Miguel Aguirre Farías, director general de Valuaciones Actuariales del Norte, subraya aún más la urgencia del asunto. A medida que la esperanza de vida se incrementa, los pensionados pasan más tiempo fuera del mercado laboral, lo que acentúa la presión sobre las finanzas del sistema. Un aspecto adicional que no puede ser ignorado es que el 55 por ciento de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad, careciendo de acceso a seguridad social y cuentas individuales.
En términos de afiliación, los trabajadores del IMSS y del ISSSTE representan alrededor del 80 por ciento de los activos formales del país. Sin embargo, existen diferencias significativas en la relación entre activos y jubilados en estas instituciones, atribuibles a distintos requisitos de jubilación en el sector federal y estatal. Estas diferencias no solo plantean un reto financiero, sino que también generan un problema social que urge atención.
En el ámbito financiero, se evidencia un sistema de pensiones de servidores públicos basado en beneficios definidos o de reparto, que requiere una revisión urgente. En contraste, las cuentas individuales, aunque son un paso hacia la sostenibilidad, requieren de aportes más significativos para garantizar un nivel adecuado de ingresos para el retiro.
Con el horizonte de 2025 a la vista y ante la inminente realidad de un número creciente de pensionados, los expertos abogan por una transformación en los sistemas de pensiones. Es imperativo que las pensiones de beneficios definidos se reconviertan hacia esquemas más viables, mientras que se debe mejorar el monto de recursos disponibles en las cuentas individuales.
Este escenario nos invita a reflexionar sobre el futuro del bienestar de nuestros jubilados y la responsabilidad que, como sociedad, tenemos para garantizar un sistema justo y sostenible.
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