La reciente modificación al programa Acopio para el Bienestar está generando un revuelo considerable en el sector agrícola, con implicaciones financieras que podrían afectar gravemente al erario público. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), esta reforma podría traducirse en un impacto de 4,700 millones de pesos, además de provocar distorsiones significativas en la comercialización de granos.
Un elemento clave de esta situación es el precio establecido por el gobierno federal para la compra de frijol, fijado en 27,000 pesos por tonelada. Este precio, exorbitante en comparación con los valores del mercado abierto, donde el frijol negro cotiza en 9,000 pesos y el frijol pinto en 10,000 pesos, resulta en una pérdida financiera para el sector de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos al comercializar los excedentes. En suma, se estiman subsidios de entre 17,000 y 18,000 pesos por tonelada, lo que añade una capa adicional de preocupación para los agricultores y los comercializadores de granos.
De acuerdo con las proyecciones del GCMA, el programa Alimentación para el Bienestar absorberá 240,000 toneladas de frijol, lo que representa el 24% de la cosecha nacional. Sin embargo, los canales de distribución interna de este programa solo pueden manejar un máximo de 30,000 toneladas anuales. Esto obligará a recolocar más de 200,000 toneladas en el mercado comercial, un desafío considerable que pone en entredicho la eficacia de la política pública en cuestión.
La situación se complica aún más por el hecho de que la regulación establece un límite de comercialización de solo 5 toneladas por productor. Este ajuste está diseñado para agricultores que operan en unidades de hasta 30 hectáreas de temporal o 5 de riego. Sin embargo, un productor promedio en estas condiciones podría cosechar cerca de 21 toneladas, lo que significa que solo podrá vender el 19% de su producción bajo el esquema subsidiado. Esta restricción amenaza con subestimar el potencial agrícola y exacerbar las dificultades económicas en el sector.
Por otra parte, es importante señalar que la publicación de esta medida, realizada por la Secretaría de Agricultura el 16 de junio de 2026, llegó tarde, ya que el ciclo productivo de Primavera-Verano 2025 había finalizado entre febrero y marzo de 2026, dejando a muchos agricultores con su grano ya en manos de los comercializadores.
En conclusión, la implementación de este programa no solo plantea interrogantes sobre su sostenibilidad financiera, sino que también ilustra los desafíos complejos que enfrenta el sector agrícola en México. Será esencial monitorear de cerca cómo evolucionan las políticas y sus efectos en la economía nacional, especialmente considerando las profundas implicaciones tanto para los productores como para el erario público.
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