CIDH solicita indagar muertes de agentes estadounidenses

La reciente muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, y de Joan Sebastian Guerrero, un joven colombiano de 26 años, ha suscitado una profunda preocupación a nivel internacional y ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exigir una investigación exhaustiva sobre estos trágicos incidentes. Estos eventos ocurrieron durante operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el mes de julio de 2026.

El primero de los incidentes tuvo lugar el 7 de julio en Houston, Texas, donde Lorenzo Salgado Araujo perdió la vida durante una operación de ICE. Poco después, el 13 de julio, Joan Sebastian Guerrero falleció en una operación en Biddeford, Maine. Estos trágicos sucesos no sólo han levantado alarmas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias, sino que también ejemplifican las preocupaciones más amplias relacionadas con la seguridad de los migrantes en Estados Unidos.

La CIDH, al expresar su consternación a través de redes sociales, hizo hincapié en que el gobierno estadounidense tiene una obligación fundamental: proteger la vida e integridad de todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidos los migrantes. Subrayó la necesidad de que las investigaciones sean rápidas, independientes, efectivas e imparciales, asegurando el respeto al debido proceso para determinar responsabilidades y, si es necesario, imponer las sanciones pertinentes.

En este contexto, la CIDH reiteró que la actuación de los agentes de la ley debe estar regida por principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Cualquier operación de control sobre la inmigración, destacaron, debe adherirse a las normas internacionales de derechos humanos.

Estos incidentes marcan un sombrío hito en la historia de las operaciones de ICE, sumándose a un número alarmante de muertes. Desde la asunción de Donald Trump, se han registrado al menos 52 fallecimientos bajo la custodia de ICE, siendo 32 de ellos en el año fiscal 2026, que se perfila como el más mortal en la historia del organismo. En este mismo periodo, se han confirmado casos como los de Adrian Andreas Florian, de 85 años, y Felix Alcorta-Rodriguez, de 63, que también perdieron la vida en circunstancias similares.

Es imperativo que las autoridades tomen acciones decisivas para garantizar que la protección de los derechos humanos de todos, sin importar su estatus migratorio, sea una prioridad. La sociedad, así como las organizaciones internacionales, observan con atención cómo se desarrollan estas investigaciones, en espera de respuestas concretas y de justicia para aquellos que han perdido la vida en situaciones que, en última instancia, deberían ser tratadas con absoluto cuidado y respeto.

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