En el contexto del evento “El Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años de su Reforma Constitucional: Retos y Perspectivas”, diversos expertos y autoridades subrayaron la necesidad de consolidar un espacio efectivo de coordinación entre las instituciones, que incluya una participación ciudadana vinculante y un enfoque preventivo que busque asegurar la rendición de cuentas y el bienestar social.
Raquel Buenrostro Sánchez, actual titular de la recién establecida Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que, aunque el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) inició como una estructura innovadora destinada a coordinar esfuerzos en esta área, los resultados obtenidos en su primera década han sido insatisfactorios. “O hacemos que el sistema funcione o lo condenamos a la irrelevancia”, advirtió Buenrostro, enfatizando la necesidad de reglas claras y compromisos verificables para una coordinación efectiva.
El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto el combate a la corrupción como una prioridad, pero busca un enfoque distinto, centrado más en la prevención y transformación institucional que en la mera punición. En este sentido, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de la dependencia, destacó la importancia de los sistemas estatales y sugirió aprender de las experiencias exitosas a nivel local. También propuso promover una cultura de intolerancia hacia la corrupción desde la educación, incluyendo la adaptación de los planes de estudio y campañas de concientización.
La fiscal federal especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, destacó que la corrupción ha evolucionado de actos individuales a redes complejas, algunas de las cuales están vinculadas a delincuencia organizada. Cuestionó la efectividad de la colaboración institucional, haciendo hincapié en que la coordinación debe ser un sello distintivo del SNA.
Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, coincidió en que los resultados del sistema no han sido suficientes. Subrayó que más allá de las declaraciones patrimoniales, existe una ciudadanía que demanda instituciones efectivas que se alineen a sus necesidades, instando a superar las resistencias al cambio.
Fernanda Galicia, directora general de la organización Mexiro A.C., advirtió que el SNA requiere una transformación auténtica y profunda, en un contexto donde se observa una centralización del poder y un debilitamiento de los contrapesos. Propuso tres condiciones fundamentales para forjar un nuevo pacto nacional anticorrupción: la autonomía de las instituciones, un rol protagónico de la participación ciudadana y un enfoque interseccional que aborde las desigualdades estructurales.
Se puso de relieve que más del 75% de los sistemas anticorrupción estatales están incompletos y que la Plataforma Nacional de Transparencia carece de autonomía operativa y presupuestal. Además, se denunciaron reformas recientes, como la de la Ley de Obras Públicas, que no garantizan el acceso a información clave, y la opacidad en proyectos liderados por las Fuerzas Armadas. También se subrayó la necesidad de reconocer la corrupción sexual como una grave forma de abuso que debe ser atendida.
Así, el panorama que se presenta es de reflexión y definición: el SNA se encuentra en una encrucijada que requerirá acciones contundentes para cumplir con su misión original y atender las exigencias de una sociedad que pide rendición de cuentas y un justo acceso a la información. La información aquí presentada corresponde al 28 de mayo de 2025, y es vital seguir el desarrollo de estas propuestas en el futuro cercano.
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