Según una reciente investigación, el 80% de las mujeres en Guerrero que deciden interrumpir su embarazo lo hacen en su hogar. Esto se debe a la falta de acceso a servicios médicos seguros y legales, lo que pone en riesgo la salud de las mujeres y lesiona sus derechos reproductivos. Es alarmante que aún en el siglo XXI, en pleno siglo de los derechos humanos, las mujeres sigan enfrentando barreras para acceder a atención médica especializada y de calidad.
Las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo en su hogar están poniendo en riesgo su salud y su vida. Actualmente, en Guerrero, sólo existen dos hospitales que realizan abortos legales y seguros, lo que significa que las mujeres tienen que desplazarse grandes distancias y pagar sumas exorbitantes de dinero para acceder a atención médica. Esto es una clara violación a sus derechos reproductivos y un problema grave que el país debe abordar.
El acceso a servicios médicos seguros y de calidad para interrumpir un embarazo es un tema de derechos humanos y de justicia social. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida reproductiva, y el Estado está obligado a garantizar que estos derechos se respeten y protejan. Es hora de que las autoridades en Guerrero y en el país en general tomen medidas efectivas para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios médicos seguros y de calidad.
En última instancia, es importante señalar que la lucha por los derechos reproductivos y la justicia social es una lucha por la dignidad humana. Las mujeres no deberían tener que arriesgar sus vidas para acceder a servicios médicos básicos. Guerrero y todo el paísdeben tomar medidas para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios médicos seguros y de calidad. Es hora de acabar con la discriminación y asegurarnos de que la salud reproductiva sea una prioridad para todos.
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