Antes de las pañoletas verdes, del puño alzado, de los altavoces y del clamor “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”; antes de la Sentencia C-355 de 2006, que despenalizó en tres casos la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia, Judith ya conocía el peso de la persecución y la liviandad de la libertad que entraña el aborto.
La decisión de la Corte Constitucional sobre dos demandas que buscan eliminar el delito de aborto del Código Penal ha quedado en suspenso por el impedimento declarado por uno de los nueve magistrados ante la Sala Plena en Colombia. Una prórroga que es, en sí misma, una metáfora: deja en espera a quienes no pueden ni quieren esperar.
Si alguien sabe de ello es la antropóloga Judith Botero, y no solo por ser la madre de cuatro hijos. Después de haberse sometido a dos abortos clandestinos, desde 1986 lucha por el derecho a decidir de las mujeres más vulnerables del departamento de Antioquia.
¿Qué esperan Judith y tantas mujeres como las que ha acogido durante décadas?
Desde hace más de un año, en manifestaciones públicas, paneles con expertas, y en las redes sociales virtuales, miles de ciudadanas y colectivos feministas han agitado sus pancartas, entre bailes y cantos: “Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi Causa Justa, es mi libertad”. Ellas han clamado por ese quinto voto que, entre nueve magistrados, definiría la eliminación del delito de aborto en Colombia.
Con la llegada al Alto Tribunal de las demandas del movimiento Causa Justa y del ciudadano Andrés Mateo Sánchez, las iniciativas provida encendieron sus alarmas mediante acciones como la organización de peticiones masivas con HazteOir o la demanda de Natalia Bernal, que buscaba retroceder y penalizar el aborto en todos los casos. La Corte se declaró inhibida.
Los dos grandes modelos mundiales se basan en restricciones a la práctica de la IVE por tiempo de gestación o por causales. En Latinoamérica, la despenalización navega entre la tormenta: a finales de 2020, Argentina la avaló para las primeras semanas de gestación. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto y reconocer el derecho a la vida desde la concepción. El fallo, que cobijaba las legislaturas de Coahuila y Sinaloa, sentó un precedente para los demás estados.
Aunque los avances en países como Uruguay y Cuba son loables, la región sigue con un lunar en materia de derechos humanos: El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití penalizan, sin excepción, el aborto.
En Colombia, la Corte Constitucional está a cargo dada la incompetencia histórica del Congreso para legislar sobre asuntos que atañen a la vida digna, como la eutanasia y aborto.
Esta discusión, aparentemente tan urbana, desvela su realidad en Colombia: según cifras de la Fiscalía, entre los años 2010 y 2017 97 % de las mujeres denunciadas por aborto eran habitantes de áreas rurales.
En un popular sector intelectual de Medellín, me encuentro con Judith, una leyenda viva del feminismo. Acude a nuestra cita en ropa deportiva, afloja su barbijo y pide una cerveza “al clima”. En 1979, un médico extranjero le practicó un aborto con la técnica de aspiración manual endouterina. Años después, cuando lo necesitó de nuevo, se enteró de que el doctor había desaparecido: “Una mujer de clase alta, ante un obispo de la Catedral Metropolitana, confesó que se había practicado un aborto. Él le dijo que si no le contaba quién lo había hecho, no le daba la absolución”. La policía lo capturó en una operación con una agente encubierta, fue a dar a la cárcel y luego regresó a su tierra natal.
En 1986, trabajó como orientadora en una organización de salud dedicada a la atención del “Tratamiento al aborto incompleto”. Las pacientes provenían de todas las clases sociales y rincones de Antioquia. Las campesinas suelen ser quienes tienen más clara la necesidad de decidir sobre la maternidad, asevera Judith.
Una vendedora de lotería del Carmen de Viboral (Oriente antioqueño) a quien acudían las adolescentes del pueblo, concretó una cita con Judith para una campesina de sexto grado, embarazada por su profesor. La niña nunca llegó: ingirió un químico para fumigar huertas. Cuando el padre fue a recoger el cuerpo a la morgue, el médico forense le dijo: “Su hija estaba en embarazo”. Y él respondió: “Entonces, mejor así”.
¿Qué ingerían las mujeres que llegaban a aquel servicio de urgencias? “El aguardiente alemán [purgante] o brebajes de siete hierbas con cerveza o café muy caliente y Mejoral”. También se introducían sin precaución sondas vesicales en el útero.
Aquel servicio de salud duró dos años: fue clausurado por amenazas de bomba, e intimidaciones de monseñor Alfonso López Trujillo. Dos décadas pasaron para que la sociedad conservadora se volviera a volcar contra otro proyecto de salud que contemplaba la práctica de la IVE: la “Clínica de la Mujer”. El entonces procurador Alejandro Ordóñez (hoy embajador de Colombia ante la OEA) envió una delegación para acabar con el proyecto original. Y lo logró. Ningún alcalde de Medellín se ha atrevido a recuperarla.
Desde 1989 hasta 2006 (Sentencia C-355), Judith permaneció en la clandestinidad.
Mientras el aborto permanezca en el Código Penal, campesinas, jóvenes pobres y migrantes temerosas de la reacción de las autoridades seguirán acudiendo a garajes clandestinos, donde buscan el camino al útero con pinzas de legrado, agujas de malla, cebollas juncas y jeringas con sal. O morirán intoxicadas en rituales que incluyen bebedizos preparados con hierbas innombrables, mezcladas incluso con pólvora.
La eliminación del delito permitiría construir un modelo garantista y protector de las mujeres más vulnerables. De avalarse un sistema de plazos, las mujeres rurales, violadas en las zonas de conflicto o víctimas de incesto, seguirán a la deriva: no todas encuentran a una Judith que las acoja.
Las barreras al aborto están cimentadas sobre el delito: si se elimina del Código Penal, desaparecen los obstáculos en el servicio de salud. De lo contrario, prevalecerán las dilaciones en autorizaciones por parte de funcionarios del sector médico y las objeciones de conciencia institucionales. Dichas conductas, con base en prejuicios ideológicos o religiosos, seguirán impunes.
Eliminar el delito no significa dejar de regular el aborto sino inscribirlo en el campo de la salud.
A pesar de que esta prórroga parece un fracaso, Colombia está frente a un triunfo indiscutible: inscribir la discusión en el ámbito de la salud de las mujeres.
Hace 18 años, cuando crucé el umbral del consultorio del médico que me practicaría un aborto ilegal, me atormentaba el eco de Shakira: “Un niño nacería y ya sabías la fecha […] Fuiste donde el doctor a acabar con el problema”. La crónica de esa canción –”Se quiere, se mata”– algún día será historia. Y en Colombia todas serán hijas de Judith: mujeres que deciden ser o no ser madres… con libertad.
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