La interrupción del embarazo avanza a pasitos en México, uno de los grandes países de Latinoamérica que aún no tiene resuelto este asunto y que no cuenta con una legislación federal. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso importantísimo en esta materia y ha declarado inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que castigan la interrupción del embarazo, lo que representa una decisión histórica en la despenalización del aborto en el país, ya que sienta jurisprudencia para el resto de entidades. Hasta ahora, la regulación del aborto en México ha dependido de las decisiones de los tribunales y de la legislación de cada Estado. La decisión de este martes es un paso histórico, y el más reciente en un camino que inició hace 14 años.
El primer Estado en establecer una ley de plazos fue Ciudad de México, en 2007, donde ya puede decirse que está consolidado este derecho y que ha recibido a miles de mujeres en estos años para abortar. Su ley de plazos señala 12 semanas de gestación en las que es posible interrumpir el proceso sin dar explicaciones para ello. Así lo han legislado también Oaxaca y recientemente Hidalgo y Veracruz.
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El resto de los Estados legislaron para despenalizar esta práctica en caso de violación y algunos añaden otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. Pero en la práctica, estas salvedades no siempre se tienen en cuenta y miles de mujeres se someten a intervenciones caseras que en ocasiones acaban con su vida o son derivadas a un hospital desangradas y sometidas a humillaciones médicas. Las denuncias y la cárcel están a la orden del día. Entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna en el mundo puede atribuirse a los abortos inseguros. Y en África y Latinoamérica, tres de cada cuatro interrupciones de la gestación son inseguras.
México está a la cabeza de la OCDE en embarazos adolescentes con 77 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Y se cuentan cerca de 340.000 embarazos anuales entre niñas y adolescentes para cuya reducción se puso en marcha una estrategia gubernamental. Desde el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se ha señalado en varias ocasiones que el embarazo de niñas debe ser considerado inmediatamente una violación. Y actuar en consecuencia. Pero no es fácil abortar en México, siquiera tratándose de un delito. Sonados han sido los casos de niñas en Veracruz que pasaban por un calvario cuando se quedan embarazadas, en muchos casos fruto de abusos entre sus familiares y conocidos.
A falta de legislación federal, que ni la hay ni se la espera, la Ley General de Víctimas, que estipula que basta la palabra de la embarazada para garantizar que su feto es producto de una violación, la Norma Oficial Mexicana y la Ley General de Salud, que establece como causa para el aborto el riesgo para la salud tanto física como emocional de la mujer, contribuyen en algunos casos a salvar situaciones indeseables.
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Pero los avances suelen llegar después de largos procesos en tribunales. Las sentencias de la Corte han avalado la prevalencia de estas leyes sobre las restricciones estatales. El pasado 7 de julio, la Suprema Corte declaró inconstitucional los plazos establecidos para practicar un aborto si el embarazo había sido fruto de una violación. Fue otro motivo de alegría para quienes llevan años queriendo declarar el aborto libre en este país. En este caso se trataba de un pleito que nació en Chiapas mucho tiempo atrás. Una muchacha de 17 años con parálisis cerebral fue violada, pero cuando la familia se dio cuenta de su embarazo era tarde según los plazos establecidos en este Estado. Lo pelearon, acompañadas por personal de la organización Gire, siempre dedicada a esta causa. Y lo ganaron. Pero ya había pasado mucho tiempo. A pesar de ello, la Sala votó por unanimidad y sentó precedente para futuros casos.
Oaxaca fue el segundo Estado donde ondearon los pañuelos verdes, en 2019. Sin embargo, pasado el tiempo, muchas activistas se quejan de la lentitud y los obstáculos que se encuentran en el camino a pesar de contar con una legislación a favor.
Después llegó Hidalgo, en junio de este mismo año. Se establece el citado periodo de 12 semanas para interrumpir el embarazo sin tener que alegar un motivo concreto, sino la decisión libre de la mujer sobre su cuerpo. Pero, a cambio, se penaliza con multa o cárcel a aquellas que lo hagan después de esa fecha.
Y Veracruz. Un mes después. Las modificaciones a la ley en este Estado modernizan las causales del delito de aborto a partir de los tres meses y los vuelven más específicos. Por ejemplo, se establece que el aborto será delito si se realiza en contra de la voluntad de la mujer embarazada.
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La llegada al Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, que se declara de izquierda, no ha supuesto mucho en este terreno. El presidente considera que es un asunto espinoso que “provoca enfrentamientos”. Se limita a “respetar” el activismo de las mujeres a este respecto. Y poco más.
Otro de los obstáculos que encuentran las mujeres para ejercer sus derechos en México es la objeción de conciencia de médicos. Cuando la capital aprobó la ley de plazos, algunos Estados se blindaron con normas que avalaban la vida desde el momento de la concepción. Eso insufló temor entre los facultativos, que se negaron a atender los abortos haciendo uso de su libertad de conciencia. De nuevo la Corte tuvo que señalar el camino dictando que había que proveer el servicio por encima de la voluntad de los médicos. Pero la debilidad de la justicia en México es grande y las leyes son muchas pero escurridizas en su aplicación. Por no hablar de la complejidad para denunciar violaciones, por ejemplo.
El mundo entero celebró la despenalización del aborto en Argentina, donde la lucha fue intensa y constante. Ellas inventaron los pañuelos verdes que todavía reclaman ese derecho por medio mundo. Ahora es México el que está a punto de dar un gran paso en este sentido, lo que sentaría un avance en Latinoamérica que puede abrir la senda a otros países.
