La batalla de las mujeres por su libertad está plagada de obstáculos y acaba dirimiéndose muchas veces en los tribunales en muchos países del mundo. Ahora la Suprema Corte de Justicia de México acaba de propiciar un salto histórico en ese país al declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que castigan con hasta tres años de cárcel la interrupción voluntaria del embarazo. Es una decisión tomada por unanimidad lo que, tras la reciente reforma del poder judicial, permite que siente ya jurisprudencia. Eso facilitará que la resolución pueda ser invocada y tener efectos en todo el país.
México no dispone de una legislación federal sobre el aborto y solo cuatro de los 32 Estados, contando la ciudad de México, permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos plazos tasados. El resto se rige por diferentes regulaciones, entre ellas algunas muy restrictivas, que acaban generando una gran inseguridad. Cada año se producen cerca de un millón de abortos clandestinos, con el consiguiente riesgo de persecución penal y para la salud de las mujeres, pues un tercio de ellos acaban en complicaciones graves.
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El Ejecutivo de López Obrador no se declara contrario al aborto, pero no ha abordado la cuestión que afecta a los derechos y a la libertad de las mujeres. Un Gobierno cuyo ideario, en muchos aspectos, se alinea con postulados progresistas no ha legislado hasta ahora sobre esta materia, una decisión que ha justificado con el argumento de evitar enfrentamientos. Esa es una trampa en la que caen muchos otros gobiernos no solo en América Latina, sino también en el resto del mundo. Teniendo en cuenta que tanto la Iglesia católica como otras confesiones evangelistas igualmente intransigentes han convertido la prohibición del aborto en una estrategia preventiva, renunciar a intervenir en este asunto supone en la práctica reforzar la posición de las fuerzas retrógradas que utilizan el control del cuerpo de la mujer como dique de contención contra todos los cambios sociales.
La lucha de las mujeres por su libertad está siendo demasiado lenta y penosa en América Latina, pero es imparable y sus logros empiezan a ser tangibles. La del aborto es una batalla más que simbólica. Tras muchos años de lucha, las mujeres lograron un gran triunfo en Argentina con su despenalización en diciembre pasado. Pero apenas un mes después, y para conjurar un avance semejante, el Congreso de Honduras aprobó una reforma de la Constitución que impedirá que esta práctica pueda ser despenalizada en el futuro.
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La Asamblea Legislativa de Nicaragua se había adelantado en 2007 con una reforma retrógrada que prohibía el aborto terapéutico hasta entonces vigente. Esos movimientos demuestran que la causa de la libertad avanza, pero que también puede retroceder, como ha ocurrido en los casos mencionados y también en el Estado estadounidense de Texas, cuyas mujeres es posible que engrosen a partir de ahora las rutas clandestinas que horadan la frontera entre México y EE UU, pero en este caso en sentido inverso y para poder abortar.
Tener que recurrir a un aborto clandestino en condiciones inseguras y peligrosas no deja de ser una violencia estructural masiva que se suma a las otras violencias que las mujeres sufren, incluidas cifras insoportables de feminicidios.
