Todos los seres humanos compartimos una intrincada dependencia del equilibrio de la biósfera: el aire que respiramos, el agua que consumimos y los océanos que interconectan nuestras existencias. El resguardo de estos bienes comunes, sobre todo los ecológicos, requiere una responsabilidad colectiva: mantener el frágil equilibrio que sostiene la vida en nuestro planeta.
Hoy nos enfrentamos a dos crisis simultáneas que amenazan con desestabilizar este equilibrio y el desarrollo humano: el cambio climático y la degradación oceánica. El primero ha sido descrito por expertos como “la mayor falla del mercado de todos los tiempos”. En cuanto a la crisis de los océanos, esta se ve agraviada por la contaminación por plásticos y la sobreexplotación, así como la rápida degradación de los ecosistemas marinos. Ambas amenazas son complejas, interdependientes y de alcance global.
Más de 3,500 millones de personas habitan en contextos altamente vulnerables al cambio climático. Los eventos extremos como huracanes, sequías e incendios se incrementan en frecuencia e intensidad. Si optamos por la inacción, los recursos necesarios para mitigar las pérdidas ocasionadas serán considerablemente mayores que los requeridos para enfrentar la crisis climática. De acuerdo a investigaciones, si la temperatura global supera los 2 °C, las consecuencias serán irreversibles.
A su vez, los océanos enfrentan una presión sin precedentes que afecta no solo la seguridad alimentaria, sino también la energética del mundo. Más de 3,000 millones de personas dependen directamente de sus ecosistemas para subsistir. Además, el 80% del comercio mundial se transporta por mar, y estos cuerpos de agua absorben el 30% del dióxido de carbono emitido y más del 90% del calor generado por el calentamiento global.
Los datos son innegables, pero no basta con diagnosticarlos. Se requiere una acción colectiva sin precedentes. El multilateralismo y los mecanismos de gobernanza internacional se erigen como nuestras herramientas más potentes para enfrentar estos desafíos. En este contexto, México se posiciona como un líder proactivo en la lucha contra el cambio climático y en la agenda oceánica.
Recientemente, bajo la dirección de la presidencia, se ha participado en importantes foros internacionales donde se ha enfatizado que el abordaje de estas emergencias demanda una transformación estructural del modelo económico, social y ambiental vigente. Esto ha llevado a México a adoptar compromisos alineados con una política ecológica que busca implementar soluciones sostenibles, no solo en el país, sino también como modelo de cooperación regional.
Entre los compromisos asumidos, se destaca la protección del 30% de las áreas marinas y terrestres, la meta de reducir en un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, la reforestación de 100,000 hectáreas y la restauración de la mitad de los manglares. Asimismo, se proyecta la limpieza de cuencas y ríos contaminados y la mejora de la calidad del aire en las áreas metropolitanas más pobladas.
Como parte de un nuevo paradigma, se planifica el desarrollo de dos parques dedicados a la economía circular y al menos una docena de plantas recicladoras. Estas iniciativas no son esfuerzos aislados; representan un enfoque renovador donde la economía circular, la conservación de biodiversidad y la protección de recursos naturales se fortalezcan mutuamente.
Los océanos, al igual que las comunidades, también tienen voz. En este sentido, se alza la voz de México para forjar un presente sostenible y un futuro más equitativo. Este esfuerzo requiere que ninguna entidad—ni persona, empresa o país, por más potente que sea—pueda frenar el cambio ecológico que todos estamos impulsando.
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