Aceran a ‘Alito’; otro colaborador cae.

El escándalo de corrupción que sacude al estado de Campeche cobra nuevos protagonismos con la reciente detención de Luis Antonio Espinosa Campos, contador y operador financiero de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, un ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este último figura como colaborador cercano del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, ambos implicados en un entramado de operaciones financieras e inmobiliarias sospechosas.

En un avance significativo en las investigaciones, el día lunes, Espinosa Campos fue aprehendido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Pero esto no terminó allí. Ayer, en la Ciudad de México, Carlos Alberto Medina Hernández, quien se desempeñó como jefe de Comunicación Social durante la administración de Moreno Cárdenas, fue detenido bajo la sospecha de haber participado en un esquema que habría desviado la sorprendente suma de 36 millones de pesos del erario estatal. La Fiscalía ha presentado cargos de peculado en su contra.

Medina Hernández se encuentra ahora en el penal de San Francisco Kobén, esperando su audiencia inicial. De acuerdo con los registros, la Fiscalía de Campeche ya había elaborado una solicitud de desafuero en julio de 2025 contra el ex Gobernador priista, quien enfrenta acusaciones por el uso indebido de atribuciones y peculado por un posible desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión entre 2015 y 2019.

Las investigaciones no solo han implicado a estos dos personajes. Un total de 17 personas, incluidos ex funcionarios de la administración de Alejandro “Alito” Moreno, también se encuentran bajo la lupa. La Fiscalía ha señalado de manera particular a Medina Hernández y Espinosa Campos como cómplices, quienes son indagados por supuestamente utilizar Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Medina Hernández ingresó a la oficina de Comunicación Social en junio de 2019, bajo la administración de “Alito”, aunque sus dos últimos años de gestión estuvieron marcados por el interinato de Carlos Miguel Aysa González. Esta situación crítica para el ex funcionario se intensifica cinco años después de que se presentara una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que pedía investigar los contratos signados durante el gobierno de Moreno con empresas acusadas de emitir facturas por operaciones inexistentes.

La denuncia, realizada en mayo de 2021, reveló transacciones por 59.9 millones de pesos entre 2017 y 2019, involucrando a 31 empresas y un individuo que figuraba en los registros del SAT por emitir comprobantes de operaciones no válidas.

El panorama se torna cada vez más complejo a medida que avanza la investigación, sugiriendo que la trama de corrupción en el estado de Campeche podría ser más profunda de lo que inicialmente se pensaba. La Fiscalía continúa su labor de esclarecer estos actos, poniendo en el centro del debate público la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el país.

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