Miguel Tinoco García, síndico del municipio de Omealca en Veracruz fue secuestrado y asesinado, para después ser abandonado en en la zona montañosa de la región, al parecer por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes dejaron un mensaje escrito.
En México el síndico es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al municipio, procurar la justicia y legalidad en la Administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal.
Fuentes policiales dieron cuenta que el político, emanado del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue privado de la libertad y su cuerpo arrojado en cultivos de la zona montañosa central de Veracruz.
Junto al cuerpo, ubicado a un costado de la carretera estatal Amatlán-Cuichapa, fue dejado un mensaje firmado presuntamente por el crimen organizado.
La víctima apareció durante la tarde en calidad de desconocido, pero horas más tarde fue identificado como el síndico de esa región de Veracruz, donde se reportan altos índices delincuenciales.
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para iniciar las indagatorias del caso.
Veracruz, un estado asentado en el Golfo de México, ha vivido históricamente violencia relacionada con la presencia de bandas del narcotráfico que se disputan el territorio, el cobro de piso (extorsiones) y el paso de migrantes.
La entidad ocupa la séptima posición en el nivel nacional en incidencia delictiva; tan sólo en el mes de octubre fueron denunciados 6 mil 979 delitos.
El informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó a Veracruz en el puesto séptimo a nivel nacional con mayor número de delitos denunciados
Con el asesinato de Tinoco García suman 62 ediles asesinados en la presente administración que inició el 1 de diciembre de 2018 (19 alcaldes, 31 regidores y 12 síndicos), una incidencia un 27 % mayor a la registrada en todo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), según la consultora Etellekt, quien hace un seguimiento a la violencia política en el país.
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