Después de una mudanza fallida, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha suspendido sus actividades indefinidamente, lo que ha generado incertidumbre entre los miles de solicitantes de asilo que dependen de esta entidad para regularizar su situación migratoria.
La COMAR es la instancia gubernamental encargada de recibir, evaluar y otorgar el estatus de refugiado a las personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen. Sin embargo, desde hace meses, esta institución ha estado enfrentando graves problemas administrativos y logísticos que han afectado su capacidad para responder a las demandas de los solicitantes de asilo.
La mudanza de las oficinas de la COMAR, que supuestamente buscaba mejorar sus condiciones de trabajo, se convirtió en un verdadero desastre: muebles y documentos fueron extraviados, equipos de cómputo y telefonía no funcionaron, las instalaciones no cumplían con los requisitos de seguridad e higiene, y los trabajadores no recibieron capacitación adecuada para la atención a los refugiados.
Ante este panorama, la Secretaría de Gobernación decidió intervenir y nombró a un coordinador para que asuma la responsabilidad de la COMAR hasta que se resuelvan los problemas pendientes. La decisión de suspender temporalmente las actividades de la institución, aunque drástica, busca garantizar que los procedimientos de asilo se lleven a cabo en un marco de legalidad y transparencia.
No obstante, esta medida ha generado preocupación entre los solicitantes de asilo, quienes temen que se retrase o se cancele su proceso de regularización migratoria. Algunos activistas y defensores de derechos humanos cuestionan la capacidad del gobierno para atender adecuada y oportunamente las solicitudes de asilo, especialmente en un contexto de aumento de la violencia y la inseguridad en varios países de la región.
En este sentido, la suspensión de actividades de la COMAR pone en evidencia la necesidad de reforzar y mejorar los mecanismos de protección y asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas, así como de fortalecer el diálogo y la cooperación regional en materia de migración y refugio. La experiencia de la COMAR nos recuerda que los derechos humanos no pueden ser subordinados a intereses políticos o a razones de “eficiencia administrativa”, y que toda política migratoria debe estar fundada en el respeto a la dignidad y la integridad de las personas.
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