La Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM) ha expresado su rotundo rechazo a la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que actualmente está siendo revisada por el Congreso de la Unión. Según la organización, esta propuesta no solo carece de avances en la protección de los derechos de los animales, sino que representa un retroceso histórico que podría resultar mortal para muchas especies.
La crítica principal radica en que la ley, que se presenta como una medida para fortalecer la protección animal, en realidad incluye disposiciones que no reconducen a los animales como seres sintientes. Más bien, se les trata de manera objetual, permitiendo prácticas que atentan contra su bienestar, como su uso en espectáculos.
Organizaciones animalistas de 17 estados de la república se han unido a este rechazo. En Michoacán, el Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) alertó sobre los riesgos presentes en varios puntos de la propuesta legislativa, sugiriendo que deben ser analizados detenidamente antes de cualquier posible aprobación.
Carlos Maya, representante de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAAM), ha exigido la retirada del dictamen en sus términos actuales y una revisión exhaustiva de las leyes y progresos existentes en los estados. Junto a él, Pavel Irán Martínez Diana, del Colectivo Michoacán Sin Tauromaquia, ha hecho un llamado a escuchar las opiniones de especialistas y la ciudadanía que trabaja en la protección animal.
La presidenta de la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), Esmeralda Cerda Pizano, también ha planteado la necesidad de construir una verdadera Ley General que realmente represente un avance en la protección animal en México. Los grupos animalistas han calificado el contenido del dictamen como opaco, retrógrado e ignorante de las necesidades y derechos de los animales, advirtiendo que algunas de sus disposiciones podrían poner en riesgo la salud pública de los mexicanos.
Los colectivos han instado a los representantes populares de Michoacán y del resto del país a escuchar las preocupaciones sobre esta propuesta, que, aunque se dice defender la protección animal, podría transformar esa intención en un retroceso en la defensa de los mismos. Se considera que la iniciativa perpetúa un enfoque especista, abriendo la puerta a prácticas de maltrato, incluyendo la comercialización y el sacrificio indiscriminado.
Los animalistas han demandado que los animales sean reconocidos jurídicamente como seres sintientes, eliminando conceptos que sugieren propiedad o posesión, ya que estos perpetúan la visión de los animales como objetos. Además, han cuestionado la inclusión de la eutanasia como solución a problemas de logística o sobrepoblación, insistiendo en que se deben priorizar estrategias preventivas como la esterilización.
En resumen, el llamado urgente de los grupos animalistas es claro: se requiere detener la aprobación del dictamen en sus términos actuales y abrir un proceso de revisión integral que permita desarrollar una legislación verdaderamente orientada al bienestar, cuidado y protección de los animales. Debe evitarse cualquier propuesta que promueva el maltrato y la crueldad contra todas las especies, y asegurar que las leyes realmente beneficien a quienes no pueden defenderse por sí mismos.
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