En un caso que ha conmocionado al municipio de León, Guanajuato, la maestra Guadalupe “N” ha sido acusada de un grave abuso contra sus alumnos de primer año, todos menores de entre 3 y 4 años. La insólita dinámica conocida como el “Juego del Pato” fue usada como fachada para perpetrar actos de violencia física y sexual en el jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi. Esta situación ha generado una ola de indignación y preocupación entre padres y autoridades.
Los reportes indican que este juego, presentado como una actividad educativa, consistía en hacer preguntas a los niños. Aquellos que respondían correctamente eran sometidos a tocamientos inapropiados por parte de la maestra, mientras que aquellos que fallaban sufrían golpes en el estómago. La dinámica, que en apariencia era lúdica, ocultaba un propósito aterrador y se volvió una estrategia de manipulación para someter a los pequeños al abuso.
La denuncia formal se activó en mayo de 2025, cuando una de las alumnas consultó a un médico por malestares físicos. La pediatra diagnosticó a la menor con una enfermedad de transmisión sexual, hecho que puso en alerta a los padres y llevó a la capacitación de una investigación que reveló los impactantes testimonios de otros alumnos.
Los cambios en el comportamiento de los niños, como tristeza, aislamiento y pesadillas, se hicieron evidentes y llevaron a los padres a cuestionar la seguridad en el entorno escolar. Alertados por estas conductas, decidieron denunciar a la maestra ante la Fiscalía General de Guanajuato, que a su vez tomó acción y logró la detención de Guadalupe “N” cuando intentaba huir hacia Nayarit.
Este hecho se produjo el 10 de julio de 2025, marcando el inicio de un proceso judicial en su contra. Sin embargo, las familias afectadas han manifestado su descontento por la falta de una respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, señalando que se necesitaban acciones más rápidas para proteger a sus hijos.
La brutalidad de este caso ha resaltado la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos de protección y denuncia en las instituciones educativas, para garantizar un entorno seguro para los más vulnerables. La comunidad observa ahora cómo se desarrollan los acontecimientos en un contexto donde la confianza en la educación debe ser restaurada.
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