Acusan al Ejército por excesos en 2007 y 2025

A casi dos décadas del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico”, declarada por el gobierno de Felipe Calderón, los casos de abusos de la fuerza por parte del Ejército mexicano siguen sin solución. Esto ha sido evidenciado por una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El 16 de diciembre de 2025, la Corte IDH dictó una sentencia en contra del Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer náhuatl de 73 años que fue víctima de violación por integrantes del Ejército en la Sierra de Zongolica, Veracruz, en el marco del despliegue militar que acompañó la estrategia de seguridad iniciada en 2006. La Corte determinó que el acto constituyó tortura y que el Estado no cumplió con su deber de proporcionarle atención médica adecuada, lo que finalmente condujo a su muerte. Además, se estableció que las autoridades mexicanas privaron a su familia del acceso a la justicia de manera equitativa, estableciendo estereotipos de género, edad y origen indígena que han permeado las instituciones del país.

Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) reveló que la CNDH también responsabilizó al Ejército por la muerte de Leidy y Alexa, dos niñas de 7 y 11 años, durante un operativo contra el crimen organizado en mayo de 2025. La recomendación 201VG/2025, emitida por la CNDH y la primera por violaciones graves durante la administración de Claudia Sheinbaum, determinó que las menores fueron víctimas de un uso excesivo de fuerza militar, lo que generó un grave daño a sus derechos y a la integridad de los sobrevivientes, así como a su derecho familiar.

El Centro ProDH enfatizó que este caso pone de manifiesto los riesgos asociados con el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y la falta de medidas efectivas que garanticen que tales eventos no se repitan. Además, recordaron que la familia de las niñas ya había sufrido abusos militares en 2008, lo que resalta un ciclo de violencia e impunidad que persiste.

Las autoridades inicialmente habían informado que las muertes de Leidy y Alexa ocurrieron en medio de un enfrentamiento con delincuentes. Sin embargo, el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, comunicó el 11 de noviembre que seis elementos del Ejército estaban bajo prisión preventiva, y que se habían abierto investigaciones tanto por la Fiscalía General de la República como por la Justicia Militar.

Desde 1990 hasta 2025, la CNDH ha emitido miles de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, con un notable aumento en los últimos años. Entre 2019 y 2024, se concentraron 1,210 recomendaciones, representando aproximadamente el 42.83% del total histórico. Estas recomendaciones abordan múltiples transgresiones, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal y legalidad, destacando la magnitud de las violaciones que persisten en el país.

La situación actual refleja la urgencia de abordar el problema de los abusos de derechos humanos y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas. El camino hacia la reparación y la no repetición se presenta como un desafío crítico para el Estado mexicano, en un contexto donde la militarización de la seguridad sigue dominando el discurso político y social.

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