Adán Augusto y sus predecesores: culpables de encumbrar a un delincuente

La reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, en una mansión de lujo en Asunción, Paraguay, ha suscitado un renovado debate sobre la intersección de la política y el crimen organizado en México. La operación internacional que llevó a su arresto apunta a su papel como jefe de La Barredora, una banda vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, celebró la detención, afirmando que representa un “golpe contundente al crimen organizado transnacional” y reafirmando que su país no será un refugio para criminales. En sintonía con esto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y el crimen.

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El caso de Bermúdez revela la complejidad de la política en Tabasco. Desde 1992, cinco gobernadores —tres del PRI, uno del PRD y uno de Morena— lo respaldaron, creando un entramado que lo protegía. En sus inicios, durante la administración de Manuel Gurría, Bermúdez ocupó el cargo de director de Seguridad Pública mientras Adán Augusto López Hernández servía como subsecretario de Gobierno. Bajo el gobierno de Roberto Madrazo, asumió el control de la cárcel estatal CRESET y, más tarde, bajo Andrés Granier y Arturo Núñez, ocupó posiciones cada vez más influyentes en la seguridad pública.

La relación entre Bermúdez y López Hernández alcanzó su apex cuando, en 2019, el ahora gobernador Adán Augusto nombró a Bermúdez secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a pesar de las sospechas sobre sus vínculos delictivos que ya circulaban en el ámbito militar. Además, esa conexión no solo fue política, sino también económica, evidenciada por negocios de apuestas y constructoras ligadas a su familia que fueron notariados por la oficina de López Hernández.

La detención de Hernán Bermúdez es más que un triunfo policial; es un reflejo de la corrupción arraigada en la política tabasqueña. Obliga a examinar las complicidades que han mantenido a un personaje como él en el poder durante décadas. Las preguntas surgen: ¿qué sabía Adán Augusto sobre la trayectoria delictiva de su colaborador? ¿Cuál es su responsabilidad en el ascenso de Bermúdez? Este caso ilumina la fragilidad de las instituciones en México y cómo la cercanía entre el poder político y el crimen se ha sostenido a lo largo del tiempo.

La captura de Bermúdez es un paso hacia la identificación y desmantelamiento de las redes políticas que operan en la sombra, pero también sirve como un recordatorio de los desafíos que persisten en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Tabasco y, por extensión, en todo el país. La historia reciente invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de revisar los lazos que han permitido esta simbiosis durante tantos años, en la búsqueda de un futuro más seguro y transparente.

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