En un contexto alarmante para la libertad de prensa en México, Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana, ha revelado que ha sido víctima de amenazas de muerte en las últimas semanas. En una reciente conversación con el periodista Ciro Gómez Leyva, Navarro destacó que, debido a la falta de apoyo estatal efectivo, su medio se está protegiendo con recursos propios en un intento de evitar posibles atentados.
La periodista solicitó específicamente al Gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar, que investigue las amenazas y localice a los responsables. Hasta el momento, Navarro ha recibido al menos ocho llamadas amenazantes entre el 29 de abril y el 16 de mayo, donde una voz masculina advierte: “Dile a Adela Navarro que se cuide”.
El origen de estas amenazas parece estar relacionado con la cobertura de Navarro sobre la ocultación de información por parte de la Fiscalía General del Estado, en particular en torno a un caso de narcofosa descubierto en Tecate. Tras la publicación de esta investigación, la presión contra la periodista ha aumentado, así como su exposición a posibles riesgos.
La situación ha llamado la atención de la organización ARTICLE 19 MX-CA, que ha emitido comunicados para exigir protección para Navarro. La ONG enfatiza que el aumento de amenazas coincide con sus informes sobre la corrupción y el manejo de información dentro del gobierno estatal, temas de gran relevancia por su impacto en la comunidad.
Ante la gravedad de las circunstancias, la gobernadora Marina del Pilar se ha comprometido a proporcionar seguridad a la periodista y a seguir de cerca la situación, ofreciendo instrumentos legales y de seguridad para garantizar su protección. En un claro mensaje a quienes amenazan la libertad de prensa, la gobernadora afirmó que en Baja California no se tolerarán ataques a los comunicadores, subrayando que la defensa de la libertad de expresión es fundamental.
Es crucial destacar que la amenaza a periodistas no solo atenta contra quienes ejercen la labor informativa, sino que también socava el derecho de la sociedad a estar debidamente informada. En este contexto, el papel de las instituciones es vital para defender a aquellos que se dedican a informar sobre temas de interés público, marcando un claro desafío al estado de derecho y a la democracia en el país.
La información presente es de carácter actual y corresponde a la fecha de publicación original (2025-05-22 12:32:00). En un entorno donde la seguridad de los comunicadores es frecuentemente cuestionada, la evolución de este caso será seguida de cerca por diversos actores sociales y defensores de la libertad de expresión.
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