El Gobierno de Donald Trump se prepara para revocar nuevamente la situación legal de cientos de miles de migrantes, tras un fallido intento inicial que fue bloqueado por un juez. Esta cuestión ha cobrado relevancia tras la decisión de la jueza Allison Burroughs, quien en marzo dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera ilegal al poner fin a los permisos de residencia de más de 900,000 personas. Estas personas habían obtenido su estatus mediante el uso de la aplicación CBP One, implementada durante la administración del presidente demócrata Joe Biden.
El DHS presentó su intención de continuar con sus planes en documentos ante un tribunal federal de Boston, donde la jueza Burroughs ha programado una vista para el 6 de mayo. En esta audiencia, se considerará la posibilidad de bloquear al DHS de continuar sus acciones que afectarían a tantos migrantes.
Bajo la supervisión de Biden, se otorgaron permisos humanitarios de dos años a muchos inmigrantes que utilizaron la aplicación CBP One para concertar citas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, permitiéndoles cruzar la frontera entre Estados Unidos y México de manera legal. Sin embargo, tras el retorno de Trump a la Casa Blanca, un ingente número de no ciudadanos que habían recibido el “parole” a través de este proceso se encontraron en abril de 2025 con un correo electrónico del DHS que les comunicaba el fin de su estatus legal, ordenándoles que “era hora de que abandonaran Estados Unidos”.
La decisión de la jueza Burroughs, nombrada por el expresidente Barack Obama, subraya que el DHS no proporcionó la documentación necesaria que demostrara que un funcionario había validado que se cumplían los objetivos del programa, lo que lleva a cuestionar la legalidad del proceso de revocación.
En un contexto donde las políticas migratorias son un tema candente y divisivo, el retorno de Trump y su ofensiva contra los permisos de “parole” podría tener implicaciones significativas no solo para los migrantes afectados, sino también para el panorama político del país. La estrategia de revocar el estatus legal de estos inmigrantes ha sido objeto de debate, y se espera que la audiencia del 6 de mayo arroje luz sobre el futuro de estas decisiones y su impacto en la vida de miles de familias.
La presión creciente sobre el DHS para que justifique sus acciones ilumina un aspecto crucial de la lucha política en torno a la migración en Estados Unidos. Mientras tanto, los migrantes afectados continúan en una situación de incertidumbre, esperando claridad sobre su estatus legal en un país que aún no tiene una solución integral para los desafíos migratorios que enfrenta.
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