El magistrado Adolfo Carretero, que investiga a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid en la fase más crítica de la pandemia, ha decidido ahora profundizar sobre cómo se proponía al Consistorio de la capital la adquisición de este tipo de productos durante la crisis del coronavirus. A través de una resolución fechada este miércoles, el juez ha ordenado a la Administración local que le informe de si, en marzo de 2020, existía un “correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario” y si lo utilizaron los empresarios bajo sospecha.
Este es uno de los puntos clave de la causa, abierta por estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental. Carretero indaga cómo los comisionistas llegaron hasta los responsables del área de Compras del Ayuntamiento, con los que tejieron una cercana relación. Medina relató que, tras pedir ayuda a una de sus antiguas profesoras universitarias, esta le puso al habla con Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. A su vez, el familiar del regidor —al que se ha citado a declarar este jueves— le facilitó después el contacto de Elena Collado, alto cargo del Consistorio.
Pero, ¿pasaron los comisionistas por el canal habitual habilitado para cualquier empresario? Ese punto no ha quedado claro todavía en el sumario. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Medina aseguró que el primo del alcalde le facilitó el “contacto” de Elena Collado y que “habló” con ella. Ante el juez añadió que Carlos Martínez-Almeida le dio un “email”, y que creía que era el de la alta cargo del Ayuntamiento, “como responsable de Compras en ese momento”. Sin embargo, tras estallar el escándalo, el Consistorio mantuvo que el familiar solo le proporcionó un correo electrónico genérico, el mismo que supuestamente se daba a todos aquellos que contactaban con la Administración para la venta de material sanitario.
Sobre todo ello quiere ahora indagar el juez, tras pedírselo Podemos, personado como acusación popular. Por ello, el magistrado concede cinco días al Ayuntamiento para que le informe de si existía ese email genérico y, “en caso afirmativo, se especifique la dirección concreta y el modo en que se publicitó”. También exige al Consistorio que, en su caso, entregue todos los correos que enviaron Medina y Luceño a ese email, así como todos los archivos adjuntos que habrían remitido.
Más pesquisas
En esa misma línea, resultará también clave la versión que ofrezca Carlos Martínez-Almeida, citado a las diez de la mañana de este jueves ante el juez. “Es conveniente [saber] el testimonio del [primo] para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento, y si hubo algún trato de favor con los mismos debido a la intervención de Carlos Martínez-Almeida”, apuntó el magistrado en un auto del pasado martes, donde descartó llamarlo como imputado.
El juez también ha ordenado este miércoles a la Policía Nacional que recabe y analice los documentos y archivos originales que los comisionistas enviaron a sus respectivos bancos para justificar los seis millones de euros que ingresaron como comisiones tras dar el pelotazo en el Consistorio. Carretero quiere que se estudien sus metadatos para saber cuándo se crearon y modificaron. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esos papeles, donde Luceño y Medina se presentaba como “agentes exclusivos” de la empresa asiática Leno, fueron falsificados.
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