La más reciente decisión del gobierno federal ha marcado un nuevo capítulo en la controversia en torno a la construcción del Tren Maya. A través de un decreto expropiatorio, se incorporan 10,000 metros cuadrados de tierra al proyecto, específicamente del ejido Leona Vicario, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo. Este movimiento se traduce en un desembolso de 398 mil pesos a los comuneros afectados, según la tasación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mencionó que se otorgó una garantía de audiencia a los ejidatarios, quienes, durante el plazo establecido, no presentaron objeciones al proceso expropiatorio. Esto abre un camino legal importante, ya que otorga un marco formal al gobierno para proceder con la ocupación definitiva de la tierra, siempre y cuando se efectúe el pago correspondiente.
Una cláusula interesante del decreto stipula que la tierra expropiada solo podrá ser utilizada para el fin especificado; de no ser así, o si transcurre un periodo de cinco años sin cumplimiento de la utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá reclamar la reversión de los terrenos expropiados. Esta medida agrega un nivel adicional de control sobre el uso futuro de los bienes y un compromiso por parte del gobierno de utilizar la tierra de manera responsable.
Este no es un incidente aislado; solo en diciembre del año pasado, se expropiaron otras tierras para el mismo proyecto en Puerto Morelos, así como en Othón P. Blanco y Bacalar. En esa ocasión, se adquirieron 2.6 hectáreas, de las cuales 1.6 pertenecían también al ejido Leona Vicario, con un pago total de 4.4 millones de pesos por la superficie en Puerto Morelos. Además, se destinaron cifras menores a otros ejidos, como el Allende, que recibió apenas 58 mil 548 pesos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la encargada de llevar a cabo la ocupación de estos terrenos una vez que se confirme el pago a los comuneros. La construcción del Tren Maya sigue avanzando, y este tipo de decisiones es fundamental para el cumplimiento de un proyecto que ha sido objeto de múltiples análisis y críticas a lo largo de su desarrollo.
Así, la expropiación de tierras para el Tren Maya sigue generando debates sobre el uso del suelo y la relación con las comunidades locales, reflejando la complejidad de equilibrar el desarrollo turístico y la preservación de derechos comunales. En un contexto donde las tensiones entre desarrollo y derechos agrarios son palpables, la atención permanece centrada en cómo se administrarán estas tierras y qué impacto tendrá en la comunidad y el medio ambiente en los años venideros.
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