El saqueo en las aduanas de los aeropuertos de México ha alcanzado niveles alarmantes, donde la extorsión y los cobros arbitrarios se han convertido en prácticas comunes. Los funcionarios públicas parecen despreciar a los viajeros, ya que su principal enfoque es maximizar el cobro de impuestos, sin importar si los pasajeros se ajustan a las franquicias. Las cantidades demandadas, que pueden oscilar entre mil y cinco mil pesos, son calculadas a ojo por quienes parecen disfrutar de su rol de “doberman” del sistema.
Esta situación se agrava ante un panorama económico preocupante: las finanzas públicas están quebradas, con un déficit creciente y una deuda que se incrementa a un ritmo de uno a dos billones de pesos al año. En lo que va del presente gobierno, esta deuda ha aumentado casi al doble, contradiciendo las promesas de no endeudar al país.
Las aduanas no son el único foco de extorsión. Los conductores de plataformas digitales y los viajeros enfrentan similares abusos, obligados a pagar por servicios que debería brindar la propia industria. Contrario a la experiencia en países como Estados Unidos, Canadá y europeos, donde las aduanas operan con sistemas ágiles y revisiones aleatorias, en México se percibe un enfoque agresivo que busca explotar a los incautos.
A menudo, aquellos que transitan con mochilas repletas de productos de cadenas como Walmart y Ross son recibidos por inspectores que no informan adecuadamente sobre lo que pueden llevar sin incurrir en cargos adicionales. Pocos saben que, en los 500 dólares de franquicia, deben excluir artículos personales, electrónicos y bebidas alcohólicas. Esta falta de información agrava la situación de los que regresan al país, quienes han enfrentado ya múltiples obstáculos, desde coyotes hasta la discriminación.
La frustración se siente en los aeropuertos y en los cruces fronterizos, donde la extorsión no se detiene. Los agentes imponen cuotas, y quienes no cumplen con estos cobros pueden enfrentarse a revisiones exhaustivas o mayores demandas. Se dice que para que sea más “amena” la travesía, el costo de la corrupción se establece en “250 dólares y ya nadie lo molesta”.
Los problemas no concluyen ahí. Además de la extorsión oficial, existe una “otra aduana”, la de los delincuentes, que imponen cobros informales conocidos como derechos de piso. Estas cuotas son a menudo gestionadas por cuerpos de seguridad que, en lugar de proteger al ciudadano, contribuyen al clima de miedo y desconfianza.
A pesar de estas penurias, el gobierno sigue culpando a factores externos, como el tráfico de armas de Estados Unidos, por la situación que enfrenta el país. Sin embargo, el caos que sufren los turistas, viajeros y vacacionistas parece ser un reflejo de una administración que se encuentra en constante búsqueda de culpables en lugar de soluciones efectivas.
En medio de todo esto, dos temas de gran relevancia parecen estar en el olvido: la desaparición de más de 100,000 barriles de petróleo al día en el primer trimestre del presente año y la alarmante cifra de 134,000 desaparecidos en el país. Datos documentados apuntan a un desfalco millonario por huachicol fiscal que ha puesto en evidencia las inconsistencias en la gestión pública y la falta de acción en el combate de temas críticos que afectan a la población.
Este complejo entramado de corrupción y abuso en las aduanas de México roba no solo el dinero, sino también la dignidad y confianza de quienes, a menudo, regresan a su hogar tras haberse sacrificado en el extranjero. La necesidad de un cambio en la política aduanera y en las prácticas de seguridad se hace urgente, en un país que busca devolver la esperanza a sus ciudadanos.
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