Llegan “extremadamente cansados”, tan solo con las pocas pertenencias que el caos de Kabul, tras la ofensiva talibán, les ha permitido traer consigo a España. Los colaboradores afganos evacuados por el Gobierno español aterrizan en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) preocupados también por las familias que dejan atrás, según han manifestado las organizaciones que los asisten a su llegada y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Por delante un proceso duro, con nuevos desplazamientos y meses de espera hasta que se resuelva la petición de protección internacional. Un trámite que a menudo se dilata en el tiempo y supera los plazos legales, aunque este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que las peticiones de asilo “tienen carácter extraordinario, especial”, y se tramitarán “con la mayor urgencia”.
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De las más de 800 personas llegadas a España hasta el lunes —el martes por la tarde la cifra alcanzó los 1.100 y se esperaba el aterrizaje de 130 más de madrugada—, 613 han solicitado ya protección internacional, según datos facilitados por el Ministerio del Interior a mediodía. Las cifras de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de este departamento, revelan que el año pasado —en un contexto de confinamiento por la pandemia de covid-19— solo 34 afganos presentaron su solicitud de protección en España, el 0,04% del total de las formalizadas. En 2019 la cifra ascendió a 182 y en 2018 habían sido 101 los demandantes. Los mismos datos muestran que la tasa de reconocimiento el año pasado para esa nacionalidad fue del 74%, un porcentaje que contrasta con el 5% de media para el total de las solicitudes presentadas.
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Mientras el proceso de asilo lo gestiona Interior, el de acogida corre a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fuentes del departamento señalan que hasta la llegada del primer avión, 6.000 de ellas estaban ya ocupadas. El ministerio celebró el lunes la celeridad con la que se estaba desalojando la instalación temporal de Torrejón, reduciendo a 48 horas el tiempo que las familias pasan en ellas. La suma es inferior a 230 porque faltan por procesar datos de algunos acogidos.
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Las organizaciones tienen listas actualizadas con las llegadas de los vuelos a la base aérea y el número de personas a bordo. A partir de ahí, se hace una proyección de plazas y comienzan las entrevistas de valoración para derivarlas a los diferentes recursos.
“El sistema tiene ya una ocupación alta”, afirma Áliva Díez, coordinadora estatal de acogida de CEAR. Hasta el martes, la entidad atendió a 90 personas, la mayoría “unidades familiares de entre nueve y seis integrantes”, explica.
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El sistema estatal de acogida cuenta con un programa integral de entre 18 y 24 meses. En una primera fase, de acogida temporal, las personas están en centros del ministerio o en pisos para una o varias familias gestionados por las organizaciones. Nada más llegar, comienza el baile de trámites: gestionar el empadronamiento, hacer un chequeo médico, solicitar la tarjeta sanitaria o planificar la escolarización de los niños.
Raquel Fernández-Gibaja, técnica del programa de Personas Refugiadas de Cruz Roja, explica que “se trabaja la acogida desde necesidades básicas, incluyendo todo aquello que a primera vista no lo es, como el apoyo legal para que formalicen su solicitud de protección internacional, el apoyo psicológico, el aprendizaje del idioma y el conocimiento del entorno al que han llegado”. Esta etapa dura entre seis y nueve meses.
