Agitación social a la vista

El control de precios del gas LP en México está en una encrucijada crítica, donde la inconformidad de los distribuidores podría desencadenar una crisis social si el gobierno no actúa de manera pronta y efectiva. Desde hace meses, los distribuidores han expresado su preocupación, señalando que el “precio tope” establecido por el gobierno les ha dejado sin margen de ganancia. Esta situación culminó en un anuncio de paro que estaba programado para el 3 de junio, aunque se canceló temporalmente ante la esperanza de una respuesta gubernamental.

El gas LP es esencial para la vida diaria de millones de mexicanos; de hecho, nueve de cada diez hogares en el país son consumidores de este recurso. Sin embargo, un dato alarmante es que el 80% del gas LP consumido en México proviene de Estados Unidos, lo que añade un matiz de dependencia que agrava la situación.

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Desde 2021, el gas LP está sujeto a un control de precios que, en un principio, parecía una medida necesaria pero que, con el tiempo, ha creado un ambiente de tensión en el sector. En el período reciente, las condiciones del precio controlado se modificaron de forma que comenzó a ejercer una presión insostenible sobre los distribuidores, quienes han tenido que despedir entre 600 y mil empleados debido a fuertes pérdidas económicas.

La crisis actual se ha intensificado desde el inicio del mandato de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien, sin consultar a los distribuidores, alteró la fórmula que hace referencia a las variaciones en el precio internacional y del tipo de cambio del peso frente al dólar. Esto ha llevado a una situación inverosímil, donde las empresas del sector se ven obligadas a operar con márgenes mínimos, afectando su viabilidad y sostenibilidad.

Los impactos de esta crisis no son únicamente económicos; también son sociales. Si hay una interrupción en el suministro de gas LP, el descontento podría escalar, afectando la estabilidad social en el país. De hecho, la presidenta ejecutiva de Amexgas, Rocío Robles Serrano, enfatiza que la angustia en el sector ha generado divisiones entre distributores, que han comenzado a explorar sus propias respuestas a la falta de acción por parte del gobierno.

El diálogo ha sido la prioridad del sector, pero la respuesta del gobierno ha sido lenta. Recientemente, las autoridades pidieron a los distribuidores que entregaran facturas y datos organizados para una evaluación, lo que podrían ser indicios de que hay espacio para un entendimiento. La respuesta a esta solicitud podría determinar el futuro colapso o recuperación del sector.

La necesidad de abordar este tema no puede ser subestimada; los precios controlados, actualmente, no son una solución sostenible para el mercado. Esto es evidente cuando se observa que otros productos en México no se benefician de controles de precios similares. La distribuidora de Gas del Bienestar, aunque presentada como una alternativa, sigue funcionando con subsidios sin generar utilidades, lo que despierta cuestionamientos sobre su efectividad.

El desafío que enfrenta el gobierno es monumental y requiere una solución fundamentada en la libertad y la competencia del mercado. Se espera que en las próximas semanas se produzcan movimientos significativos en respuesta a la actual crítica situación, y el enfoque debe ser encontrar un sentido común que defina el rumbo del sector del gas LP en México. La urgencia es palpable y el tiempo es esencial para evitar que esta situación se convierta en una crisis de mayor magnitud.

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