La centralización del gasto en salud, impulsada por el programa IMSS-Bienestar, ha generado profundas transformaciones en la estructura financiera de los estados mexicanos. Desde su creación el 31 de agosto de 2022, este programa busca ofrecer atención integral gratuita a quienes no cuentan con seguridad social, pero ha tenido consecuencias significativas para los recursos federales destinados a los estados.
Un análisis reciente indica que los estados que han firmado convenios con el IMSS-Bienestar han experimentado una reducción en los fondos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). A medida que se consolida este modelo, se observa una presión creciente sobre las finanzas estatales. Para el cierre de 2025, se espera que las entidades con convenio enfrenten una brecha adicional equivalente al 0.7% de sus ingresos operativos, un desafío que, aunque manejable, se suma a otras obligaciones financieras, como el pago de pensiones y el gasto en infraestructura.
Entre 2020 y 2023, los recursos del FASSA crecieron un 6.5% anual en promedio. Sin embargo, los estados que optaron por integrarse al programa IMSS-Bienestar debieron transferir esos fondos convenidos, resultando en una caída del 23% en los recursos distribuidos a los estados en 2024. En concreto, los estados con convenio sufrieron una reducción del 34%, equivalente a cerca de 38,000 millones de pesos, en contraste con un aumento del 7% para aquellos que no firmaron el convenio.
Esta diferencia en el impacto financiero se ha acentuado hacia 2025, con las entidades con convenio experimentando una reducción del 20% en sus ingresos presupuestales en comparación con el 5% de aquellos sin convenio. Este panorama ha llevado a ajustes significativos en el gasto de las secretarías de salud. Misma que, desde la implementación del programa, ha visto una disminución del gasto en un promedio del 13% en los estados con convenio, mientras que los que no tienen convenio han incrementado su gasto en un 9%. Se prevé que para 2025, los estados con convenio continuarán en esta tendencia, reduciendo aún más su gasto en un 12%.
El FASSA, que en 2023 representaba el 47% del gasto total estatal en salud, ha visto su participación decrecer notablemente. Para 2024, los estados que firmaron convenio solo pudieron abarcar el 37% de su gasto en salud con recursos del FASSA, frente al 43% de aquellos sin convenio. Esta situación se agrava aún más en 2025, donde se proyecta una cobertura del 35% para los estados con convenio y del 41% para los que no lo tienen.
Frente a este escenario, los estados que participan en el programa IMSS-Bienestar deberán incrementar su uso de recursos propios para cubrir la brecha en el gasto en salud, a medida que el programa avanza en la centralización de las unidades de salud y la gestión de recursos. Actualmente, 23 estados han firmado un convenio con el IMSS-Bienestar, cediendo parte de su infraestructura y personal para facilitar la operación directa de las unidades de atención médica.
El panorama financiero para los estados participantes está claramente delineado, requiriéndoles ajustar sus finanzas en un contexto donde el centralismo en el gasto en salud presenta tanto oportunidades como retos. La continua evolución de este programa marcará el futuro de la atención médica en México, evidenciando la necesidad de un equilibrio entre la centralización y el sustento fiscal de las entidades federativas.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
