El Servicio de Administración Tributario (SAT) ha dado un paso contundente en su lucha contra la evasión fiscal, al sumar 60 contribuyentes a su lista negra definitiva de empresas factureras. Esta acción, llevada a cabo en febrero de 2026, se deriva de la incapacidad de estos empresarios para demostrar que no estaban emitiendo comprobantes fiscales falsos, lo que refleja una creciente preocupación por la emisión de facturas que peligran la integridad del sistema tributario.
Estos contribuyentes, tanto personas morales como físicas, fueron notificados a lo largo del año 2025. El motivo de su inclusión en el listado se debe a que el fisco federal identificó que emitían comprobantes sin la existencia real de activos, personal o capacidades adecuadas para prestar los servicios o producir los bienes que justificaban dichas facturas. De este grupo, solo seis lograron presentar pruebas a su favor, aunque no consiguieron desvirtuar las acusaciones iniciales. Por otro lado, 54 de ellos no respondieron, lo que llevó a su inclusión en el registro global definitivo conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Entre las empresas ahora en la lista negra se encuentran Construagregados Hopelchen, S.A. de C.V., proveedor del gobierno del estado de Tabasco, y Operadora Isla de la Pasión, S.A. de C.V., que operan en el sector turístico. Otros nombres relevantes incluyen Productos Lácteos Luis Ronaldo, S.A. de C.V., y Staffing Resourcing México, S.A. de C.V., mostrando que la problemática abarca múltiples sectores.
La lista negra definitiva ahora incluye un total de 11,336 contribuyentes que han sido identificados por el SAT como emisores de facturas falsas. Este listado se actualiza mensualmente y se publica en el Diario Oficial de la Federación, siendo la más reciente actualización la que se realizó el 20 de febrero, fecha en la que se incluyeron estos nuevos contribuyentes.
Para quienes hayan recibido comprobantes fiscales expedidos por estas empresas, la situación es crítica. Los servicios o bienes amparados por estas facturas no tendrán efecto fiscal alguno, lo que obliga a las personas físicas o morales a demostrar dentro de un plazo de 30 días su adquisición de bienes o servicios. De no poder hacerlo, deberán corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias. La falta de acción podría resultar en créditos fiscales a favor de la autoridad, además de calificar las operaciones como simuladas, lo que acarrearía consecuencias legales drásticas.
El fenómeno de las “factureras” se ha vuelto cada vez más común en el país. Estas empresas fachada emiten facturas por bienes o servicios inexistentes, y tienen como objetivo ayudar a otras compañías a inflar sus gastos y disminuir sus utilidades para defraudar al fisco. Además, también pueden ser utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Los actores principales en estas operaciones son las Empresas que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) y las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). Las EFOS emiten las facturas falsas, mientras que las EDOS, a su vez, las adquieren para manipular su carga fiscal. La complejidad para rastrear a los verdaderos responsables radica en que frecuentemente se utilizan terceros para constituir estas empresas, lo que dificulta las tareas de las autoridades fiscales.
Así, el SAT continúa su cruzada no solo para resguardar la recaudación fiscal, sino para garantizar un entorno de justicia tributaria en el país. El desafío se extiende más allá de las 60 nuevas inclusiones, ya que la alerta está encendida para un gran número de contribuyentes que deben estar atentos a sus prácticas fiscales.
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