La violencia de género en el ámbito universitario se ha convertido en un tema crítico que exige atención urgente y un compromiso real por parte de las autoridades educativas. A pesar de la implementación de protocolos contra la violencia de género y la realización de cursos sobre igualdad, las quejas y denuncias de estudiantes, especialmente mujeres, siguen ignorándose. ¿De qué sirve tener estas medidas si, en la práctica, no se llevan a cabo acciones concretas para investigar y sancionar a los agresores?
La falta de respuesta frente a las denuncias no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también perpetúa un ciclo de revictimización para las sobrevivientes. Esta indiferencia institucional se traduce en lo que se denomina violencia institucional, una forma más de agresión que minimiza y silencia las experiencias de quienes han sufrido abusos. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada la más prestigiosa del país, no es ajena a esta problemática.
El entorno no mejoró, como lo ejemplifica el caso de M, una profesora de humanidades que, al intentar tratar temas de género y apoyar a sus alumnas, enfrentó una serie de obstáculos que van desde la burocracia hasta la hostilidad abierta. En lugar de recibir apoyo, se encontró con un ambiente donde sus colegas publicaban fotos de estudiantes, las cuales eran objeto de un insidioso acoso. A pesar de sus esfuerzos por manifestar estos abusos, las respuestas fueron mínimas y las denuncias se perdieron en la ineficiencia administrativa. El resultado fue común: el caso de un alumno que violó a su pareja fue “sancionado” con un año de suspensión, mientras que la sobreviviente, temiendo represalias en un contexto de criminalidad, optó por no denunciar penalmente.
Después de años de lucha en el sistema, M fue transferida a otra sede en Ciudad de México, donde una vez más se le acusó de “conflictiva” por analizar y dar visibilidad a la violencia de género. Este patrón de hostigamiento ilustra cómo las universidades, en lugar de ser espacios seguros de aprendizaje, se convierten en refugios de complicidad para quienes perpetúan la violencia.
Mientras se habla de escándalos globales como el de Epstein, resulta inquietante observar que las redes misóginas en las universidades pueden ser igual de devastadoras, aunque a menudo pasen desapercibidas. Al igual que la complicidad existente en aquellos casos, la de las autoridades educativas también contribuye al silencio y la impunidad.
Es imprescindible que las universidades, incluida la UNAM, no solo cumplan con sus propios protocolos, sino que también den un ejemplo de congruencia y compromiso con la igualdad. La responsabilidad de erradicar este tipo de violencia recae sobre ellas y su capacidad para sancionar y expulsar a quienes abusan de su poder. Solo así serán capaces de construir entornos académicos más seguros y justos para todos.
Esta realidad está vigente hasta febrero de 2026, y su urgencia resuena más fuerte que nunca. Las universidades deben actuar, no solo por el bienestar de las víctimas, sino por la integridad de la educación superior en México.
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