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¿Puede una empresa energética ser responsabilizada por el deshielo de los glaciares en un país ajeno? Esta pregunta se ha convertido en un tema de debate internacional, tras el caso de un agricultor de Perú que, tras una lucha de casi una década, ha llevado a la justicia alemana a la empresa RWE, acusándola de contribuir al cambio climático con sus altas emisiones de CO₂.
Saúl Luciano Lliuya, un agricultor quechuahablante de 44 años y guía de montaña en Ancash, Perú, sostiene que la empresa alemana es responsable del riesgo de inundaciones en su ciudad natal, Huaraz. Esta afirmación se basa en un estudio de 2013 que estima que RWE contribuiría con un 0,5% al cambio climático desde la industrialización en el siglo XIX. Ante esta situación, Lliuya exige a la empresa que se haga cargo del 0,5% de los costos estimados en 17.000 euros para construir un dique que proteja Huaraz del creciente riesgo de inundaciones provocadas por el desbordamiento del lago Palcacocha, cuya agua ha aumentado considerablemente con el deshielo.
El camino legal de Lliuya comenzó en 2015, aunque la demanda fue desestimada por un tribunal en Essen. Sin embargo, un tribunal superior en Hamm admitió su apelación, y finalmente, tras retrasos debido a la pandemia, el caso fue juzgado. Aunque el tribunal alemán falló en contra de su petición, la trascendencia de este caso se extiende más allá de las fronteras alemanas, ya que podría abrir la puerta a futuras acciones legales en otras jurisdicciones.
Este juicio resuena en un contexto donde, tradicionalmente, los tribunales han dudado en atribuir la responsabilidad del cambio climático a corporaciones individuales, a pesar de que muchas de ellas son grandes emisores de gases de efecto invernadero. RWE, por su parte, sostiene que ha cumplido con las directrices gubernamentales de emisiones y se ha comprometido a ser neutral en carbono para 2040. Sin embargo, su historial en la producción de gases nocivos la coloca bajo el escrutinio de la opinión pública y plantea interrogantes sobre la responsabilidad empresarial en el contexto del cambio climático.
La demanda de Lliuya ha generado un impacto significativo, inspirando a otros casos de litigio transfronterizo sobre la crisis climática en diferentes países. En los Países Bajos, por ejemplo, la empresa Shell enfrentó presiones legales por parte de organizaciones no gubernamentales que pedían la reducción inmediata de sus emisiones. A su vez, en Francia, Total fue demandada para alinear sus prácticas con el Acuerdo de París.
A medida que se desarrollan estos litigios, se plantea un cuestionamiento crucial sobre el papel de las grandes corporaciones en la crisis climática, así como su capacidad y obligación de asumir la responsabilidad por sus contribuciones al calentamiento global. Este fenómeno no solo podría alterar la dinámica legal en torno a empresas como RWE, sino que también podría influir en la manera en que se tratan las responsabilidades climáticas en el futuro.
La información aquí presentada es relevante a partir de la fecha de publicación original, el 28 de mayo de 2025. Sin embargo, el contexto global en torno al cambio climático sigue evolucionando, reflejando un panorama en constante cambio donde las interacciones entre empresas, gobiernos y comunidades afectadas son más importantes que nunca.
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