Las organizaciones agrarias, con la excepción de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han recibido con recelo y preocupación el acuerdo logrado por los ministros europeos de Agricultura sobre la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que comenzará a aplicarse a partir de 2023 y que para España supone un montante de 47.724 millones de euros, unos 5.000 millones anuales para pagos directos y otros 1.500 millones para desarrollo rural. Oficialmente se trata de una cifra similar a la percibida en el periodo anterior, pero desde el sector se estima que supone un ajuste del 10% por el efecto de la inflación y de otras medidas.
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Con todo, la principal crítica de las organizaciones es el reparto sectorial de fondos: un 40% irá a las políticas verdes, que incluirán los llamados ecoesquemas. Estos fondos verdes que coparán una cuarta parte del presupuesto, aseguran las asociaciones agrarias, incluyen nuevas exigencias medioambientales que van a suponer mayores costes de producción para una menor oferta, así como la pérdida de competitividad frente a las importaciones extracomunitarias, con menos exigencias laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria.
El sector teme que ello suponga menos rentabilidad, el cierre de pequeñas y medianas explotaciones y menos autosuficiencia alimentaria para la Unión Europea. Critican que no se haya avanzado más en la recuperación de algunos mecanismos para la regulación de los mercados. “Con números rojos”, coinciden medios sindicales, “no podemos ser verdes”.
A la espera de las negociaciones
En este escenario, las organizaciones agrarias señalan la necesidad de esperar a las negociaciones para su aplicación en España, basándose en la elaboración del Plan Estratégico donde la redistribución de los fondos y la aplicación de las políticas de convergencia de ayudas —cobrar lo mismo por una misma actividad— son piezas clave.
El secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, hace una valoración general positiva de la PAC en cuanto recoge puntos importantes defendidos por la organización, como la redistribución del 10% de los fondos de pago básico entre las pequeñas y medianas explotaciones, el techo de las ayudas en los 100.000 euros por beneficiario y el ajuste de las mismas. También el aumento hasta el 3% de los fondos para la incorporación de los jóvenes al sector.
