En momentos críticos, cuando el poder político parece vacilar, la figura del monarca se convierte en un faro al que se dirigen las miradas. La famosa frase “Ni está ni se le espera”, emitida por el entonces jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, durante el intento de golpe de Estado del 23-F, cobra un nuevo significado en la actualidad: hoy, se espera la presencia activa del Rey don Felipe ante la percepción de un Estado que, en ciertas ocasiones, muestra debilidad para abordar crisis que requieren liderazgo.
La historia reciente del país ha sido testigo de varios momentos donde la intervención del Rey ha marcado la diferencia. Desde el 23-F, cuando don Juan Carlos sirvió de baluarte contra la dictadura, hasta el 3-O, en el que don Felipe pronunció un mensaje claro respecto a la unidad territorial de España, la monarquía ha estado fuertemente ligada a episodios decisivos. Sin embargo, esta tendencia se complica en un contexto político donde algunos partidos intentan capitalizar esa figura monárquica para sus propios fines, lo que podría poner en riesgo la neutralidad de la Corona y su representación institucional.
Es crucial abordar las funciones del Rey con un enfoque equilibrado. Aunque la Constitución de 1978 otorga al monarca varias atribuciones—como la sanción y promulgación de leyes, o el nombramiento de miembros del gobierno—es esencial entender que estas no le brindan un margen de decisión. En realidad, son “actos debidos” que el Rey está constitucionalmente obligado a cumplir, lo que limita su capacidad de interferir en la política cotidiana.
Al examinar su rol, se vuelve obvio que se establece una distinción entre las monarquías parlamentarias y las repúblicas. En España, el Rey no puede vetar decisiones ni ejercer órdenes vinculantes; su liderazgo es, en gran medida, simbólico y de carácter protocolario. A modo de contraste, en algunas repúblicas parlamentarias, los presidentes asumen poderes que les permiten actuar como árbitros en momentos de crisis.
Sin embargo, el Rey tiene la responsabilidad de moderar la acción gubernamental, lo que le confiere un ámbito de acción importante, aunque sobre una base débil. Según el pensador Bagehot, sus tres principales funciones son ser consultado, animar y advertir. En el desempeño de estas funciones, sus discursos y encuentros con líderes políticos son esenciales. La Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, subraya su papel como mediador en cuestiones de Estado, así como su participación en reuniones de organismos de seguridad nacional.
Cada acto público del Rey, ya sea un discurso o un viaje oficial, trasciende la mera ceremonialidad. Su poder simbólico puede influir considerablemente en la política y la sociedad, lo que lo convierte en un actor relevante a pesar de la limitación de sus atribuciones formales. Sin embargo, este protagonismo debe ir de la mano con el respeto hacia el gobierno, que es quien debe dirigir políticamente el país.
Las relaciones entre el Rey y el gobierno deben sustentarse en una lealtad recíproca. Un caso reciente ilustró esta dinámica: la no invitación del Rey a la toma de posesión de la presidenta de México generó una reacción en cadena, lo que evidencia cómo la ausencia del monarca en eventos diplomáticos puede tener repercusiones políticas.
La neutralidad del Rey es fundamental, pero su figura debe ser reforzada por una colaboración efectiva con el gobierno. La historia muestra que estas relaciones pueden ser tensas y se hacen especialmente complejas cuando surgen polémicas políticas. Es inaceptable que ministros critiquen públicamente al Rey o que el gobierno intente arrastrarlo a conflictos que puedan comprometer su neutralidad.
Pronto, la atención se centrará en la posible visita del Rey a Ceuta, un acto que, aunque relevante, requiere de una preparación cuidadosa. Este tipo de interacciones deben ser manejadas con tacto, dados los antecedentes de la relación entre España y Marruecos, que podrían complicar la situación.
En resumen, el papel del Rey en la actualidad es uno de equilibrio y moderación. Mientras el país navega por aguas políticas turbulentas, don Felipe ha demostrado ser un símbolo sólido de unidad y continuidad, fiel a las exigencias de la democracia española. La monarquía constitucional en España está consolidada; el Rey, lejos de ser un mero símbolo ceremonial, es un actor que puede influir y, al mismo tiempo, debe cuidar de su autonomía y de la relación con el gobierno, asegurando el respeto y la lealtad institucional que requiere su posición.
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