Doce estados de Estados Unidos han interpuesto una demanda contra el presidente Donald Trump con el objetivo de bloquear la nueva ola de aranceles que, según los fiscales estatales, no solo es perjudicial para la economía, sino que además carece de fundamento legal. Encabezados por los fiscales generales de Oregón y Arizona, los estados argumentan que el presidente se ha arrogado una facultad que corresponde al Congreso: la de regular el comercio internacional.
La querella, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, impugna cuatro órdenes ejecutivas con las que Trump pretende imponer aranceles generalizados a productos de todo el mundo. Entre las medidas más controversiales que buscan detener se encuentran un arancel del 145% a productos chinos, del 25% a productos de Canadá y México, y del 10% a bienes provenientes de la mayoría de países, además de un plan para extender los aumentos a importaciones de otros 46 socios comerciales a partir del 9 de julio.
Los estados demandantes —entre ellos Nueva York, Minnesota, Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Nuevo México y Vermont— sostienen que estas medidas representan una amenaza directa a sus economías. Citan estudios que indican que los aranceles implementados por Trump en su primer mandato terminaron siendo absorbidos casi en su totalidad por los consumidores estadounidenses, con un impacto estimado del 95% del costo trasladado directamente a ellos.
Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, fue enfático al señalar que no permitirán que la política comercial del presidente siga perjudicando a sus comunidades. A su vez, Kris Mayes, fiscal general de Arizona, describió el plan como “descabellado” y advirtió que no solo es económicamente irresponsable, sino también contrario a la Constitución.
Además del golpe a las economías locales, los fiscales advirtieron sobre las consecuencias macroeconómicas de los nuevos aranceles. Según sus argumentos, tanto la Reserva Federal como el Fondo Monetario Internacional anticipan que esta política comercial generará un aumento de la inflación, lo que podría agravar aún más la incertidumbre económica nacional e internacional.
Con esta acción legal, los estados buscan frenar una política que consideran unilateral, excesiva y peligrosa, tanto en lo económico como en lo institucional. La demanda pone en el centro del debate no solo el costo real de los aranceles para los estadounidenses, sino también los límites constitucionales del poder presidencial en materia de comercio exterior.
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