Alemania estrenará el próximo enero la renta ciudadana, el nuevo sistema de protección social con el que el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz ha emprendido la reforma del controvertido legado del anterior canciller de su mismo partido, Gerhard Schröder. Tras la subida del salario mínimo a 12 euros la hora, el siguiente hito en la política social del tripartito alemán consiste en corregir el subsidio de desempleo conocido como Hartz IV (un sistema que Angela Merkel heredó de Schröder, pero que nunca tocó en sus 16 años en el poder). Su sustituto será no solo más generoso en las ayudas, sino que estas se concederán con menos trabas burocráticas.
Scholz ha conseguido sacar adelante la gran reforma social de la legislatura, aunque se ha visto obligado a descafeinarla para conseguir el acuerdo de la oposición democristiana. La renta ciudadana que este viernes han aprobado las dos cámaras del Parlamento alemán (Bundestag y Bundesrat) incrementa la cuantía de los subsidios y da un vuelco al espíritu del sistema: en lugar de criminalizar a sus perceptores, que se veían constantemente amenazados con sanciones si no cumplían los estrictos requisitos, confía en ellos y les ayuda a formarse para encontrar un empleo adecuado.
La negociación del Bürgergeld (literalmente, dinero ciudadano) ha ejemplificado como pocas el clima constructivo del Parlamento alemán. De la inicial negativa de los conservadores a permitir un sistema que, según ellos, desincentivaba la búsqueda de trabajo, se ha pasado en cuestión de días a un acuerdo que satisface a ambas partes, al menos lo suficiente para votar a favor. La coalición de socialdemócratas, verdes y liberales ha tenido que renunciar a algunas características que al líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, le parecían poco menos que regalar dinero a cambio de nada.
El principal objetivo del Gobierno de Scholz era no poner a los perceptores de ayudas sociales bajo sospecha general de fraude, como ocurre con el sistema que ha estado en vigor más de 20 años y que actualmente perciben 5,3 millones de personas, entre adultos en edad de trabajar y sus beneficiarios. En lugar de eso, confía en que usarán la prestación para mejorar su formación y optar a un empleo mejor.
El Hartz IV —bautizado con el apellido del exgerente de Volkswagen al que Schröder encargó el diseño de la reforma a principios de los 2000, cuando el crecimiento alemán estaba estancado y el paro desbocado— fusionó en un único sistema prestaciones que hasta entonces iban por separado. El subsidio de desempleo y las ayudas sociales se juntaron para crear el Hartz IV, un sistema que presionaba al extremo a los desempleados para que aceptaran cualquier oferta de empleo, incluso por debajo de su cualificación profesional o lejos de su domicilio. Si no lo hacían, perdían las prestaciones.
Una cuestión de “respeto”
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Para Scholz, el nuevo Bürgergeld es una cuestión de “respeto”, una reforma que ha tildado de “hito en la política social de Alemania”. “Con un mejor asesoramiento, más confianza y menos burocracia, ayudamos a los ciudadanos a salir del desempleo de larga duración y de los trabajos no cualificados y a incorporarse al mercado laboral”, aseguró el canciller. El problema de Alemania hoy no es precisamente el paro, sino la falta de mano de obra cualificada. Por eso, la reforma está enfocada a la formación y prevé incluso un pago extra durante los cursos de cualificación.
Para el líder de la oposición, el Bürgergeld, tal y como estaba concebido inicialmente, era un peligroso precedente, un primer paso hacia una renta ciudadana incondicional, una bestia negra para su partido. Aunque en un primer momento criticaba también las cuantías, finalmente ha aceptado las subidas que propone el tripartito. La prestación básica de manutención para una sola persona sube a 502 euros al mes, 53 más que ahora. En realidad, el importe apenas cubre la inflación, que en octubre alcanzó el 10,4%.
Las ONG que se dedican a la asistencia social llevan meses advirtiendo de que el Hartz IV prácticamente deja a sus perceptores en la pobreza. Este viernes han tildado de “absolutamente decepcionante” el acuerdo político y acusan a la CDU de liderar “una campaña de desinformación contra los más pobres” que describe a los perceptores del subsidio como “perezosos” que no quieren trabajar. Según los cálculos de la organización paraguas Paritätische Gesamtverband, una asignación que permita vivir con dignidad no debería ser inferior a 725 euros.
Merz y otras figuras de los conservadores, como el líder de la CSU bávara, Markus Söder, han defendido en entrevistas y actos públicos que la renta ciudadana perjudica a los empleados de rentas bajas. “Pone en desventaja a los grupos de menos ingresos que tienen que trabajar duro —cajeros, peluqueros, conductores de autobús, jefes de policía— para llegar a fin de mes y que se dan cuenta de que no trabajar es casi tan lucrativo como trabajar. No es justo”, ha argumentado Söder. Merz repite también la idea de la injusticia de que los trabajadores financien a “quienes podrían trabajar” pero no lo hacen porque el Estado no les incentiva.
Para las organizaciones sociales, el Bürgergeld es poco más que un cambio de nombre. Una forma de superar el trauma socialdemócrata de los recortes sociales de Schröder hace 20 años, que le costaron infinidad de protestas callejeras, graves tensiones internas y, en última instancia, la cancillería. Merkel le ganó las elecciones en 2005 y construyó la época de prosperidad alemana sobre la base de aquella dolorosa reforma. La denominación Hartz IV, demasiado cargada de significado negativo, tenía que desaparecer. Aunque para ello el SPD de Scholz haya tenido que sacrificar parte de su espíritu.
Originalmente, la coalición de Gobierno pretendía establecer una moratoria a las sanciones. En los primeros seis meses, llamados “periodo de confianza”, no se iban a imponer multas por no presentarse a entrevistas de trabajo o saltarse citas en la oficina de empleo. Estaban previstas excepciones para casos muy evidentes de falta total de cooperación. Pero los democristianos han exigido retirar esa cláusula.
La reforma estuvo a punto de naufragar, lo que habría significado que los perceptores del subsidio no cobraran la subida en enero. Tras aprobarse en el Bundestag, donde el tripartito tiene mayoría, los democristianos bloquearon la ley en el Bundesrat, la Cámara alta donde están representados los Estados federados. Lejos de enterrarse, la reforma se derivó a un “comité de mediación” creado ex profeso para llegar a un acuerdo. Sus 32 miembros, 16 del Bundesrat y 16 del Bundestag, se sentaron para encontrar puntos comunes y en cuestión de días dieron con la propuesta común que se ha vuelto a votar.
El acuerdo le ha costado al tripartito ceder en otro punto controvertido. La norma permitía inicialmente mantener el patrimonio durante los dos primeros años de prestación, siempre que este fuera inferior a los 60.000 euros, más 30.000 euros por cada miembro adicional del hogar. La oposición argumentaba que dar ayudas sociales a una familia de cuatro miembros con 150.000 euros en el banco desincentiva la búsqueda de empleo. Finalmente, ese periodo de carencia se ha fijado en un año.
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