Las menores Gal y Maya, quienes están retenidas por su padre de origen israelí Guy Dorel, aún se encuentran en México, lo cual se sabe gracias a que se activó este jueves la alerta Amber para la búsqueda de las niñas, así lo informaron las abogadas de Carolina Medina, la madre de los menores.
De forma oral, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciara una queja, pues lo ocurrido con las menores y su madre viola varios tratados internacionales respecto al interés superior de la niñez.
En videoconferencia de prensa, Mónica Torres, una de las defensoras, aclaró que la retención de las niñas no se debió al fallo de un juicio, sino al cumplimiento de una petición de restitución internacional de menores que permitió al padre el derecho de llevarse a sus hijas, esto a pesar de que la guarda y custodia le corresponden legal y materialmente a la madre, Carolina Medina.
Señaló que el padre de las niñas fue quien solicitó dicha petición a través del Estado de Israel, con el fin de que su Ministerio de Justicia solicitara a México que Maya y Gal, de 15 y 13 años, respectivamente, regresaran con su papá a Israel.
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Explicaron que este caso corresponde a un grave ejemplo de violencia Vicaria, en el que se configuran diversos delitos como negligencia y corrupción por parte de la jueza que permitió al padre, acusado también de violencia, llevarse a las niñas.
La abogada comentó que la mamá fue señalada por su exesposo como sustractora. El padre de las menores también argumentó falsamente que la guarda y custodia le pertenecían.
“El señor Guy Dorel no ha vivido con sus hijos en forma permanente desde el año 2011. Esto significa que legal o materialmente es prácticamente imposible que él hubiera detentado la guarda y custodia”, dijo.
Ana Katiria Suárez, otra de las abogadas, denunció que hay graves violaciones a los derechos humanos de las menores por parte de la jueza que permitió al padre llevárselas “con tal se sacar la chamba”.
Mencionó que no se descarta recurrir a la Convención de la Haya. Asimismo, lanzó un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para iniciar una queja “de manera oral”, pues durante la videoconferencia de prensa, se tuvo conocimiento de que había personal de la CNDH.
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