Las policías estatales en México enfrentan un período crítico que se caracteriza por la escasez de recursos, la precariedad laboral de sus elementos y la carencia de mecanismos de coordinación efectivos con otras corporaciones, según el análisis de expertos en el tema. A más de 16 años de la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fuerzas locales siguen lejos de alcanzar los estándares de profesionalización, capacitación y uso de la fuerza estipulados por la normativa vigente.
Asael Nuche, vocero de la organización Causa en Común, expresó que varias entidades aún carecen de la infraestructura necesaria para la capacitación policial. Algunas no disponen de academias en pleno funcionamiento, lo que genera brechas en el desarrollo profesional de los policías y en la adecuada aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Un aspecto alarmante señalado por Nuche es el bajo salario y las limitadas prestaciones que enfrentan los policías estatales. Con un sueldo promedio de aproximadamente 10,000 pesos mensuales, estos elementos se tornan altamente vulnerables a la corrupción y al reclutamiento por parte del crimen organizado. Además, muchos de ellos lidian con problemas de endeudamiento personal, lo que agrava su situación financiera.
Los entrenamientos escasos son otra preocupación. Nuche alertó que hay policías que solo practican tiro una vez cada tres o cuatro años y que además utilizan armamento inferior al de las organizaciones delictivas.
Por su parte, Daira Aranda, directora general de Global Thought, subrayó que las policías estatales han sido objeto de debilidad institucional y financiera. La decisión del gobierno federal en el sexenio pasado de fortalecer la Guardia Nacional a expensas de las corporaciones locales ha contribuido a esta crisis. A pesar de que algunas entidades han encontrado formas de adaptarse, la mayoría sigue enfrentando limitaciones severas para cumplir con sus funciones.
Aranda también hizo énfasis en el impacto de la reestructuración de la Guardia Nacional, que ha llevado a una disminución en el flujo de recursos federales hacia las policías locales. Esta situación ha obligado a los estados a asumir una mayor carga presupuestal, permitiendo que ciertos gobiernos, como el de Guanajuato, desarrollen mecanismos propios de financiamiento para hacer frente a la inseguridad.
Mirando hacia el futuro, ambos especialistas coincidieron en que las autoridades deben priorizar varias acciones críticas: fortalecer las capacidades de investigación criminal en coordinación con las instancias federales, definir prioridades locales en el combate al delito que abarquen más que solo extorsión, incrementar el presupuesto y destinarlo a reclutamiento, formación y capacitación, así como mejorar el equipamiento policial ante el avance del crimen organizado. Además, es crucial desmantelar las macroredes delictivas, lo que implica investigar los vínculos de grupos criminales con funcionarios y estructuras financieras.
La información presentada está basada en datos correspondientes a la fecha de publicación original, el 1 de septiembre de 2025, y la situación actual requiere ser monitoreada para evaluar sus progresos y retos continuos.
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