El escenario de la desaparición de migrantes en México ha suscitado serias alarmas a nivel internacional, con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU señalando patrones preocupantes que agravan esta crisis. En su reciente informe, que abarca acciones urgentes hasta febrero de 2026, se revela que México concentra el 37% de los casos de acción urgente registrados. Esta cifra se traduce en 40 casos, posicionando al país como líder en el registro de desapariciones forzadas en este mecanismo internacional.
Uno de los aspectos más inquietantes del informe es el énfasis en la desaparición de migrantes. Entre octubre y diciembre de 2024, se documentaron al menos 21 acciones urgentes vinculadas a la desaparición de dos grupos de migrantes, en su mayoría de Cuba y Honduras, en el estado de Chiapas. Las víctimas fueron vistas por última vez en la comunidad de San José el Hueyate, antes de abordar embarcaciones rumbo a Oaxaca. Desde entonces, su rastro se ha perdido, y la incertidumbre persiste.
Los hallazgos del organismo internacional señalan preocupantes vínculos entre agentes del Estado y organizaciones delictivas, sugiriendo que las autoridades no han actuado con la celeridad necesaria para investigar y buscar a las víctimas. La falta de respuestas eficaces ha multiplicado las demandas de familias que buscan justicia y, en muchos casos, ponen en duda la efectividad de las instituciones estatales.
El informe también resalta dos casos adicionales: la desaparición de una joven en Guanajuato en 2025, relacionada con explotación sexual, y la de un menor en Jalisco, integrada en un contexto de posible reclutamiento forzado por grupos criminales. Ambas situaciones han generado acusaciones de colusión entre las autoridades y organizaciones criminales.
Los datos muestran que las desapariciones se concentran en regiones específicas, siendo Chiapas el estado más afectado con un 30% de los casos, seguido por Jalisco y Guanajuato, con un 18% y 12%, respectivamente. Otras entidades como Sinaloa, Oaxaca, Baja California y Tamaulipas también han registrado cifras alarmantes.
Michel Cervantes, abogado especializado en derechos humanos, advierte que las acciones urgentes no necesariamente indican un incremento en los delitos, sino más bien una creciente impotencia en la respuesta institucional. Este mecanismo extraordinario de búsqueda se activa cuando las familias sienten que el Estado no actúa de manera adecuada en la localización de sus seres queridos. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se reportaron 107 nuevas acciones urgentes, un testimonio de la creciente necesidad de apoyo internacional ante la inacción de las autoridades mexicanas.
Este panorama de crisis, marcado por la desesperación y la falta de respuestas, subraya la urgente necesidad de que las autoridades adopten medidas efectivas y transparentes para abordar las desapariciones, garantizar la seguridad de los migrantes y restaurar la confianza en el Estado. La situación actual no solo afecta a quienes han desaparecido, sino que se extiende a sus familias y comunidades, quienes ansían respuestas que, hasta ahora, siguen siendo esquivas.
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