Organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz enérgicamente en contra de las reformas propuestas en torno al Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia. El clamor generalizado se centra en la creencia de que estas reformas ponen en riesgo principios fundamentales de derechos humanos, además de carecer de mecanismos adecuados que garanticen la rendición de cuentas.
Líderes de importantes ONG han solicitado ser incluidos de manera activa y significativa en las mesas de trabajo organizadas por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta solicitud surge en respuesta a la instalación de mesas de diálogo donde se busca abordar las críticas que rodean las reformas, pero sin la participación de estas organizaciones.
Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la creación de una base de datos única, masiva y centralizada, a la cual se tendría acceso obligatorio y en tiempo real. Esta base contendría información altamente sensible de toda la población, generando preocupación por su potencial uso malintencionado.
Otro punto preocupante es la implementación de identificación biométrica obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, así como el acceso discrecional a la información por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, sin un control judicial adecuado.
Líderes de organizaciones como R3D, Artículo 19, y Fundación para la Justicia han señalado que un sistema de esta naturaleza podría facilitar el control social y abrir la puerta a violaciones graves de derechos humanos. Este riesgo se intensifica en un país como México, donde persiste la colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado.
Las ONG han subrayado que la propuesta desafía principios esenciales de derechos humanos, además de carecer de un diseño institucional que proteja adecuadamente los datos personales. Hacen eco del riesgo de que el proceso de discusión se lleve a cabo de manera cerrada, sin la participación de sectores sociales expertos en vigilancia de la privacidad y derechos digitales. La exclusión de voces críticas podría convertir esta discusión en una mera simulación.
Este panorama plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de seguridad en el país y destaca la crucial necesidad de una discusión inclusiva que no solo abarque a legisladores, sino también a aquellos con experiencia y compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
