El acceso al agua en México se enfrenta a profundas desigualdades, particularmente en comunidades rurales e indígenas donde las mujeres enfrentan serios obstáculos para participar en la gestión de este recurso vital. Según un reciente informe de la ONU, estas barreras no solo son legales, sino que también tienen raíces sociales y económicas, lo que limita la capacidad de las mujeres para influir en la gobernanza del agua y acceder a recursos productivos asociados.
En Chiapas, un ejemplo evidente de esta exclusión se presenta en los comités de agua, donde solo el 17% de sus integrantes son mujeres. Esta alarmante cifra resalta una problemática más amplia: la falta de títulos de propiedad, que a menudo son un requisito para obtener derechos de uso del agua, y las normas socioculturales que limitan la participación femenina en decisiones públicas. De manera inquietante, incluso cuando las mujeres logran participar, sus aportes son frecuentemente desestimados, perpetuando su marginación en la gestión comunitaria.
No obstante, el informe también destaca ejemplos positivos. Entre 2010 y 2019, el proyecto Ha Ta Tukari en comunidades wixárikas de Jalisco instaló 56 sistemas de captación de agua de lluvia, lo que aumentó la disponibilidad diaria de agua de seis a 17.7 litros por persona. A pesar de que esta cifra sigue por debajo de los estándares de la OMS, el tiempo que las mujeres dedicaban a recolectar agua se redujo en un impresionante 88%, permitiéndoles participar en actividades productivas como la agricultura y la salud comunitaria.
Además, ha habido avances en la profesionalización de las mujeres en el sector hídrico. La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) ha implementado programas de capacitación que incrementaron la participación femenina en empleos técnicos. En 2023, 5,554 mujeres fueron capacitadas, representando el 33% del total, una cifra que aumentó a 9,675 en 2024, alcanzando el 40% de los participantes. Sin embargo, estos progresos son insuficientes y no logran cerrar las brechas existentes.
Por otro lado, un estudio sobre el acceso al agua potable en zonas urbanas de México evidencia la necesidad de políticas públicas integrales que prioricen la equidad. A pesar de una infraestructura aparentemente adecuada, las fallas en la constante disponibilidad, calidad y suficiente abastecimiento de agua son palpables, especialmente en hogares encabezados por mujeres, quienes experimentan un 9% más de probabilidad de enfrentar problemas de abastecimiento.
Una de las principales recomendaciones del estudio es el fortalecimiento de los organismos operadores municipales de agua, impulsando su capacidad técnica y operativa para asegurar un mejor suministro.
Frente a la compleja realidad del acceso al agua, queda claro que se requieren esfuerzos coordinados y sostenidos para garantizar la inclusión efectiva de las mujeres y asegurar que todas las comunidades en México tengan acceso equitativo a este recurso esencial.
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