La reciente reforma a la Ley General en materia de desaparición de personas ha sido objeto de un análisis detallado por Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. La reforma introduce la Plataforma Única de Identificación (PUI), una herramienta que busca facilitar el cruce de información para localizar a personas desaparecidas, aunque también plantea significativos riesgos en su implementación.
Durante un foro conmemorativo del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, Meltis señaló que, aunque la PUI podría ser un avance en los esfuerzos de búsqueda, la participación activa de las familias en este proceso no debe interpretarse como una concesión del Estado, sino como una obligación tanto legal como moral. Esto resalta la importancia de involucrar a los núcleos familiares en la labor de rescate, asegurando que se escuchen sus voces y necesidades en el desarrollo de políticas públicas.
La PUI tiene como objetivo interconectar diversas bases de datos provenientes de sectores como salud, migración, justicia y telecomunicaciones, sirviendo como un medio oficial para la verificación de identidad en tiempo real. Uno de sus componentes clave será la CURP biométrica, que incluirá huellas digitales, escaneo del iris y otros datos sensibles.
Sin embargo, Meltis expresó su preocupación sobre la implementación de la PUI, enfatizando que es fundamental aclarar cómo y cuándo se llevarán a cabo su funcionamiento y supervisión. Aunque se ha incorporado un elemento de trazabilidad para monitorear quiénes acceden a la plataforma, la falta de claridad sobre la rendición de cuentas hacia las familias es un punto crítico.
Por otro lado, Volga de la Piña, socia directora de Dragon Lab Consultoras, argumentó que las fiscalías locales deben ser parte fundamental en este proceso, advirtiendo que aún existe un desconocimiento de lo que realmente implica la búsqueda de personas. Subrayó que la mera recopilación de datos sin un propósito claro no contribuye a resolver el problema de las desapariciones.
En un esfuerzo por mejorar la identificación de personas desaparecidas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT) han iniciado una serie de charlas para establecer un convenio colaborativo que permita utilizar el Registro Federal de Electores como recurso para este fin. Este encuentro marca el comienzo de una agenda de trabajo interinstitucional, alineándose con las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y con otras normativas que buscan eliminar trámites burocráticos.
La información presentada está basada en datos hasta el 28 de agosto de 2025 y refleja la complejidad y la urgencia de los desafíos en la búsqueda de personas desaparecidas en el país. La implementación de la PUI y la colaboración entre diversas instituciones son pasos necesarios, pero su éxito dependerá de cómo se lleven a cabo y de la atención a las demandas y derechos de las familias afectadas.
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