En las últimas semanas, se ha intensificado el debate sobre un fenómeno demográfico significativo que afecta a México y muchos otros países en el mundo: el descenso de la tasa de fecundidad. Según un reciente análisis, dos tercios de las naciones han visto caer sus tasas por debajo del umbral de reemplazo de 2.1 hijos por mujer. Este tema crucial, muchas veces ignorado en la política nacional, merece atención urgente.
Desde 2016, México ha atravesado la frontera del reemplazo y, sin embargo, poco se ha hecho para enfrentar las implicaciones de este cambio. La tasa de fecundidad, que en 1974 era de 6.7 hijos por mujer, cerró en 2024 en 1.89, un número alarmante que marca un mínimo histórico. A medida que la natalidad cae —en 2023, por primera vez en su historia, México registró menos nacimientos que Estados Unidos, y para 2024, se reportó una disminución del 4.5% comparado con el año anterior— el país se enfrenta a un giro súbito y drástico en su demografía. Lo que pudo tomar generaciones en otros lugares, como Corea del Sur o Suecia, ha ocurrido en una sola generación en México.
Los números de la dependencia demográfica también revelan una verdad inquietante. En 1970, la razón de dependencia —la figura que relaciona a los jóvenes y ancianos con la población activa— era de 99.7 por cada 100 personas laboralmente activas, cifra que se redujo a 50.3 en 2020 y que alcanzará su mínimo en 2030. Sin embargo, esta tendencia no significa un futuro más saludable: hacia esa fecha, por primera vez, habrá más adultos mayores de 65 años que jóvenes menores de 15, una transformación demográfica que implica grandes retos sociales y económicos.
La preocupación no solo está en la reducción de nacimientos, sino también en el costo económico que esto conlleva. Con un gasto en pensiones que ya representa el 6.1% del PIB y proyectándose a superar el 7% hacia 2030, el sistema de pensiones enfrenta un desafío mayúsculo. El pasivo actuarial consolidado supera el 120% del PIB, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del país. Además, más de la mitad de la población activa trabaja en la informalidad, lo que agrava la situación y limita la capacidad de recaudación tributaria, que se encuentra en un 14% del PIB.
Mientras ámbitos como la salud y el bienestar social se debilitan, el futuro se muestra incierto. A pesar de ello, el discurso público parece desviar la atención hacia temas menos urgentes, ignorando la necesidad de enfrentar esta inminente crisis demográfica. El cierre del bono demográfico previsto para 2034 es la última oportunidad que tiene el país para abordar cuestiones críticas como la reforma fiscal y la formalización laboral.
El desafío que enfrenta México es único en el mundo emergente, combinando una caída demográfica acelerada con una economía precarizada. A medida que se cierran las ventanas de oportunidad, es vital que la población y los líderes se concentren en las soluciones necesarias para garantizar un futuro viable y sostenible. La conversación debe cambiar, priorizando el bienestar a largo plazo del país sobre los debates cortoplacistas que dominan el escenario político.
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